Archivi categoria: Militarizzazone e Criminalità Organizzata

Gaza è Rio de Janeiro. Gaza è il mondo intero.

Di Raúl Zibechi (traduzione Nodo Solidale)

Non ci sono parole sufficienti per descrivere l’orrore che ci provoca il massacro di oltre 130 giovani neri, poveri, uccisi dalla polizia di Rio de Janeiro, con la scusa di combattere il narcotraffico.

Si è trattato di un’operazione di guerra urbana in cui il governo dello Stato ha mobilitato 2.500 poliziotti in assetto da guerra, oltre a blindati ed elicotteri per attaccare i complessi delle favelas Penha e Alemao nella zona nord della città, un’area con un’alta concentrazione di popolazione povera. Si tratta di due complessi di favelas che superano i 150.000 abitanti, con un’enorme densità di popolazione.

Il governo di Rio ha dichiarato che ci sono stati 60 morti, ma la popolazione delle favelas ha portato nelle piazze più di 50 corpi che non figuravano nel conteggio ufficiale, lasciando il dubbio su quanti siano stati uccisi. Finora il numero supera i 120.

Le reazioni non si sono fatte attendere, dalle organizzazioni per i diritti umani alle Nazioni Unite, che si sono dette “inorridite” dal massacro. Al di là dei dati, ci sono fatti rilevanti.

Il genocidio palestinese a Gaza è lo specchio in cui devono guardarsi i popoli e le persone oppresse del mondo. Per chi sta in alto, si apre un periodo di caccia indiscriminata alla popolazione “in esubero”, perché hanno la garanzia dell’impunità. Ora più che mai, Gaza siamo tutti noi. Può essere Quito, San Salvador, Rosario o Tegucigalpa; il Cauca colombiano o Wall Mapu; la montagna di Guerrero o le comunità del Chiapas. Ora siamo tutti nel mirino di un capitalismo che uccide per accumulare sempre più rapidamente.

Dicono narcotrafficanti con la stessa indifferenza con cui dicono palestinesi, mapuche o maya. Sono solo scuse. Argomenti per le classi medie urbane. Ma la storia recente ci mostra che quello che stanno facendo è creare laboratori per il genocidio.

Nel tranquillo Ecuador, quando i popoli indigeni li hanno sconfitti nella rivolta del 2019, hanno reagito liberando i più feroci criminali nelle carceri trasformate in luoghi di sterminio, dove i media mostravano i detenuti che giocavano a calcio con la testa di un decapitato.

Nel Cauca, l’estrazione mineraria a cielo aperto e la coltivazione di droga hanno esacerbato la violenza paramilitare contro le comunità Nasa e Misak che resistono e non si arrendono, rendendo la regione la più violenta di un paese già di suo violento.

Nel territorio mapuche, sia in Cile che in Argentina, i poteri forti hanno deciso che coloro che non si arrendono devono essere definiti “terroristi”, con il risultato che oggi ci sono più prigionieri mapuche che sotto le dittature di Pinochet e Videla.

In Messico, tutto è chiaro, così chiaro che i media e i governi non vogliono farcelo vedere, mascherando la violenza con discorsi che ne sottolineano solo la complicità. La violenza sistematica in Guerrero e in Chiapas dovrebbe essere motivo di scandalo.

A Rio de Janeiro, un sociologo dice spesso che il narco non è uno Stato parallelo, ma lo Stato realmente esistente. Compresi tutti i governatori degli ultimi decenni, con il loro entourage di imprenditori mafiosi, deputati e consiglieri comunali che costituiscono un potere ereditato dagli squadroni della morte della dittatura militare.

Gaza ci pone in un altro luogo, di fronte ad altre sfide. La prima è comprendere che la morte è la ragion d’essere del sistema capitalista. La seconda è capire che questo sistema è composto dalla destra e dalla sinistra, dai conservatori e dai progressisti. La terza è che dobbiamo organizzarci per proteggerci da soli, perché nessuno lo farà per noi.

Il mondo che abbiamo conosciuto sta crollando. Piangiamo quei giovani uccisi a Rio, quei corpi distesi sull’asfalto.

Trasformiamo le nostre lacrime in fiumi di indignazione e in torrenti di ribellione.

La anomalía de la guerra en México

En marzo de 2025, ante la difusión de los horrores del centro de exterminio del Rancho Izaguirre, buscamos las palabras para contar a nuestrxs compas en Italia la indignación, el miedo y la rabia de vivir y luchar en México con tanta obscuridad encima. Salió este texto colectivo – primeramente en italiano – como un análisis que hacemos desde el Nodo Solidale, una mirada empírica y limitada que hoy compartimos en español para aportar a una reflexión más amplia entre quienes luchamos por la vida contra la guerra narco-capitalista que nos imponen.

Los datos de la fábrica del terror

El 5 de marzo de 2025, el colectivo «Guerreros Buscadores de Jalisco» descubre algo que eleva el nivel de crueldad del poder en México: un campo de exterminio del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los cárteles más feroces del país. En un rancho de Teuchitlán, en el campo, a una hora de la metrópoli de Guadalajara (y a media hora de un cuartel militar), detrás de una puerta como otras millones en México, un colectivo de familiares de «desaparecidos» —y no las autoridades competentes, como en la inmensa mayoría de los casos— descubre tres hornos crematorios con fragmentos humanos amontonados y unas 400 pares de zapatos, cientos de otros objetos personales como pulseras, pendientes, gorras, mochilas, cuadernos con larguísimas listas de nombres, que proyectan la dimensión del horror sobre cientos, quizás miles, de personas asesinadas con rigor científico en este campo de exterminio contemporáneo. La visión de la montaña de zapatos de las personas desaparecidas es un puñetazo en el corazón para todos aquellos que, por asociación fotográfica, vuelan con la mente a las peores masacres perpetradas por las dictaduras nazi-fascistas.

Pero Jalisco cuenta con 186 sitios de entierros clandestinos procesados por las autoridades, aunque el rancho Izaguirre no figura en este mapa. Tlajomulco de Zúñiga es el municipio con mayor número de fosas clandestinas, con un total de 75. Guadalajara, la rica, bella, limpia y turística capital del estado, está salpicada de historias de desaparecidos y violencia, algunos monumentos han sido desfigurados y transformados en memoria viva con cientos de fotos y pancartas con los rostros de personas desaparecidas. Una realidad escalofriante que se prolonga desde hace años.

De hecho, hace más de quince años que, como colectivo Nodo Solidale, nos unimos a esa parte de la sociedad civil organizada mexicana que denuncia esta guerra negada, sucia, manipulada o idealizada en las series de televisión dedicadas a los grandes capos del narco. Una guerra totalmente capitalista, destinada a acumular cantidades absurdas de dinero traficando con mercancías y cuerpos. Cuerpos golpeados, violados, explotados hasta la última gota, torturados y luego destrozados, disueltos en ácido, quemados, evaporados y dispersos en la nada del olvido. Son jóvenes atraídos por ofertas de trabajo engañosas, niños desaparecidos en cualquier rincón de una ciudad, chicos reclutados con engaños. Son muchísimas mujeres: niñas, jóvenes, adultas, atrapadas en circuitos de trata, abusos y torturas inimaginables. Es la fábrica del terror, la necro-productividad capitalista. Hablamos de 123.808 personas «desaparecidas», según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDN) actualizados al 13 de marzo de 2025. Cifras que superan con creces las ya aterradoras cifras del exterminio y las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante las dictaduras de Chile y Argentina. Pero en México la mayoría de las víctimas no son militantes políticos, son gente común, lo que reduce en gran medida la repercusión de este terrible crimen, como analizaremos más adelante. Más de 50.000 personas han desaparecido en los últimos seis años, bajo el gobierno de centroizquierda de la pomposamente autodenominada «4^a Transformación», lo que indica matemáticamente la responsabilidad institucional de esta dramática lacra social. A estas cifras hay que sumar los homicidios cometidos en el país desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, es decir, desde diciembre de 2006: 532.609, cifra actualizada al 29 de enero del 2025, según fuentes oficiales. Más de medio millón de vidas truncadas, de las cuales al menos 250.000 durante los últimos seis años, bajo los gobiernos de centroizquierda.

Sobrevivir a la «guerra de fragmentación territorial»

¿Cómo es posible que todo esto pase (casi) totalmente desapercibido?

El elemento fundamental de la anomalía de la guerra en México no reside solo en el alto índice de normalización y negación de la misma, del que hablaremos más adelante, sino sobre todo en su comprensión social, ya que queda relegada a los márgenes de la política y de las definiciones clásicas de guerra. «Todavía no llueven bombas del cielo», nos decimos a veces con ironía, «no estamos tan mal» como en Palestina, Siria, Kurdistán, Sudán o Ucrania. Sin embargo, el número de muertos es el mismo o, en algunos casos, superior.

De hecho, esta no es una guerra simétrica, entre ejércitos desplegados o una invasión declarada por una fuerza armada enemiga; ni tampoco es la típica guerra asimétrica contemporánea, que se libra un poco por todas partes, con fuerzas especiales del Estado enfrentadas a células del «enemigo interno». El frente mexicano se caracteriza, en cambio, por una multiplicación indiscriminada de actores armados y una altísima intensidad de fuego, que fragmentan el campo de batalla en micro-conflictos muy violentos, dispersos y poco visibles, que elevan brutalmente la tasa de mortalidad entre la población civil, mientras que la actividad económica, política y social continúa en general, con apagones e intermitencias en la gestión de la vida pública local. Definimos, por tanto, esta anomalía bélica como «guerra de fragmentación territorial». Por otra parte, las zonas más afectadas por las ofensivas y contraofensivas de los distintos grupos armados (ilegales o institucionales), por las redadas, las desapariciones y los reclutamientos forzados, son los territorios rurales o las periferias semi-rurales, como por ejemplo Teuchitlán, donde «apareció» el centro de exterminio y entrenamiento forzado en el rancho Izaguirre. En medio de las áreas industriales, en los territorios fronterizos, en el desierto, en la costa, en las montañas, la gestión de las rutas, los campos de cultivo y el tráfico de seres humanos está desde hace décadas en manos de diferentes grupos de poder que se enfrentan entre sí sobre las poblaciones periféricas, a menudo indígenas y campesinas, que no son noticia y, a veces, ni siquiera aparecen en las estadísticas. Cuando la guerra entre los distintos actores armados llega a las ciudades, se hace visible, «registrable», causa revuelo, pero a menudo la indignación se evapora por el miedo a las represalias y cuando la violencia disminuye localmente en una zona, se intensifica en otra.

Con el desmoronamiento de los grandes cárteles, más o menos estables hasta finales de los años 90, y la intromisión militar activa del Estado mexicano como socio del Cártel de Sinaloa (2006) contra todas las demás organizaciones criminales, se ha llegado a la explosiva creación de cientos de grupos armados (240 según un reciente informe de la Secretaría de Gobernación) que, a su vez, se ramifican en células y subgrupos locales, que gestionan físicamente en barrios y pueblos actividades ilícitas como el cobro de piso, la prostitución, los secuestros y la fabricación y distribución de armas y drogas. La multiplicación de los actores armados ha aumentado considerablemente la fragmentación del territorio, generando una violenta balcanización del país, atravesado por amplias zonas «prohibidas» o con circulación restringida por el toque de queda. Estas numerosas estructuras/empresas criminales cuentan con el apoyo logístico y de control del flujo de mercancías/personas de todas las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, definidas como «corruptas» pero en realidad estructuralmente vinculadas a la economía ilegal, involucradas en diferentes niveles y divididas en diferentes grupos, incluso rivales y, por lo tanto, también en conflicto entre sí. Basta con mencionar que en la última «limpieza» ordenada este año por el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, en su afán por recuperar una imagen pública decente y con la necesidad de reordenar el flujo de cocaína y migrantes en la zona estratégica de la frontera sur siguiendo los intereses de otros grupos de poder, fueron detenidos por vínculo con el narco-trafico 270 policías (y al menos tres alcaldes) en cinco ciudades diferentes de la región, lo que demuestra implícitamente el nivel de cooperación que existe entre el Estado y el crimen organizado. Sin embargo, no hay que imaginar al Estado y al crimen como dos bloques monolíticos opuestos, sino que debemos acostumbrarnos a ver y comprender el panorama mexicano como un gran mercado, donde numerosas agencias, puntos de venta y sucursales, grupos de presión, jueces, políticos y burócratas, junto con muchos actores armados, uniformados o no, participan, se alían y luchan a un ritmo vertiginoso para asegurarse un jugoso porcentaje en el control de los recursos del país (y, solo en parte, del torrente de cocaína que lo atraviesa, a petición de los “clientes” de Estados Unidos de América).

La economía criminal como modo de producción capitalista

La difusión de la economía criminal y su organización es una reestructuración capitalista del dominio y saqueo de los territorios, una forma de acumulación que en México se manifiesta con esta especificidad que definimos como «guerra de fragmentación territorial». En América Latina, el Estado ha contribuido constantemente a la acumulación (primitiva y posterior) de capital a través de las fuerzas armadas, con la agresión directa contra quienes impedían el saqueo, a menudo los pueblos indígenas, los obreros y los campesinos. Las clases subalternas han desarrollado a lo largo de los siglos numerosas y variadas formas de resistencia, incluso armadas, lo que ha dado lugar, hasta hace unas décadas, a un período feroz, pero también formidable, de lucha guerrillera contra el poder estatal, la oligarquía y las grandes empresas. En México son numerosos los casos de organización de la lucha armada, herederos primero de la Independencia y luego de la Revolución, ambas iniciadas y llevadas a cabo principalmente por los campesinos, los indígenas y, posteriormente, los obreros. Tras la insurrección zapatista de 1994 y el amplio consenso global que obtuvo, para el Gobierno mexicano reprimir la resistencia popular con las fuerzas armadas ha tenido, y sigue teniendo, un coste político muy alto (recordemos, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa), razón por la cual el uso de sicarios como outsourcing de la represión se ha convertido a lo largo de los años en un verdadero dispositivo para alcanzar territorios estratégicos, despoblarlos mediante la política del terror implementada por los grupos criminales y reorganizarlos según la lógica económica específica (implantar una mina, un consorcio turístico, un puerto, una presa o simplemente reorganizar la mano de obra y los recursos a favor del grupo «ganador»). Se ha pasado del uso histórico y secular de mercenarios a sueldo del Estado a la creación de numerosas empresas criminales regionales y locales que, independientes pero asociadas al Estado, gestionan, controlan y aterrorizan a la población para su propio beneficio y con un objetivo compartido con quienes gobiernan las instituciones: el enriquecimiento ilimitado. Por lo tanto, la represión ya no es sólo contra lxs guerrillerxs y lxs activistas, sino que es una forma de gobernanza —flexible, elástica pero despiadada— sobre toda la población y los territorios en los que esta vive, trabaja y sueña.

Este dispositivo infernal, además de perpetuar la necesidad capitalista de cosificación y valorización de cada elemento, cada territorio y cada ser humano, desempeña un papel estratégico importante en la guerra ideológica: el de despolitizar la lucha de clases, la resistencia contra el saqueo de cada espacio habitable.

El uso del crimen organizado, comúnmente llamado «narco», como brazo armado del capitalismo permite situar a las víctimas en el terreno fangoso de la duda: ¿lo mataron porque luchaba o porque tal vez tenía alguna tranza por ahí que no se sabía? ¿Quién fue realmente? Un asesinato cometido por la policía o el ejército en un enfrentamiento político (una manifestación o un combate guerrillero) no tiene la misma repercusión en la opinión pública que un asesinato, con los mismos fines, cometido por sicarios vinculados a un grupo criminal, durante la «normalidad» de la vida cotidiana. O a veces ni siquiera la terrible «dignidad» del asesinato, sino la desaparición forzada en la nada, donde la víctima es engullida por la oscuridad por un verdugo invisible. De esta manera se pierden más fácilmente los rasgos de un delito político, se «normaliza» la agresión haciéndola deslizar en el océano anónimo de los «delitos comunes», que no merecen atención. Al mismo tiempo, un asesinato claramente político —tan dramáticamente recurrente en la larga historia de la lucha de clases— desencadena efectos y reacciones con responsabilidades políticas directas: «¡Ha sido el Estado!». Y la gestión del Estado, por muy feroz que sea, puede ser cuestionada, se convierte «naturalmente» en el objetivo de la ira popular, al igual que históricamente los movimientos sociales han denunciado y combatido la violencia del ejército y la policía, como brazos armados del poder y, en cierto modo, «traidores», como el Estado, al pacto social con el pueblo, que los mantiene. Pero cuando la fuente de la violencia es un grupo de empresarios feroces, sin uniforme, sin reglas de combate, sin una ética y un pacto social al que someterse: ¿cómo se rebela uno? ¿Contra quién y cómo se dirige la ira social? Es difícil, a pesar de algunas excepciones heroicas, manifestarse, organizarse y defenderse contra un enemigo sin reglas, que se ha infiltrado en el tejido social y es camaleónico, tal como las mafias.

Preguntas incómodas

A menudo, en Italia (de dónde somos originarixs o descendientes la mayoría de nuestro colectivo internacionalista), entre una actividad de contra-información y otra, hemos escuchado preguntas dudosas: «¿Pero realmente hay guerra en Chiapas? ¿Es así en todo México?», a lo que se añade quizá: «Es que yo fui allí de vacaciones y me pareció bastante tranquilo…».

Existe una tendencia generalizada a minimizar el alcance del horror, de la gestión metódica (propia de un campo de exterminio), institucional, social y política del «fenómeno narco». Por un lado, la superficialidad del análisis del poder, reproducida por los medios de comunicación dominantes, que como mucho solo destaca los aspectos «folclóricos», anecdóticos e incluso «brillantes» (como El Chapo Guzmán, que apareció en la lista de millonarios de Forbes) de múltiples «casos aislados»; y esta es la que llega más ampliamente afuera de México, una elección narrativa del poder para distraer la atención sobre las especificidades sistémicas del «problema». Por otro lado, está la normalización que la propia sociedad lleva a cabo (y que también hacemos nosotros, que denunciamos su barbarie) para sobrevivir: salimos de casa, vamos al trabajo o al súper, de repente se oyen disparos y… esperamos, en un refugio improvisado, a que termine el tiroteo y luego retomamos la rutina. O llega un mensaje de la hija del vecino «desaparecida», lo leemos con un suspiro, lo difundimos en los chats y volvemos a nuestras ocupaciones cotidianas, tal vez susurrando una oración y esperando en silencio que nunca le toque a nuestra propia hija, a un familiar, a un amigo del corazón. En México, aparentemente, la vida transcurre con normalidad, los niños van al colegio, de vez en cuando lo cierran por algún tiroteo, pero los niños saben, como en caso de terremoto, que deben agacharse debajo de las mesas o tumbarse en el suelo, precisamente porque la balacera se vive como cualquier otra catástrofe natural, interiorizada y afrontada como tal. Entre la banalización de los medios de comunicación y la habituación a la violencia como instinto de supervivencia masivo, se esconde la ceniza (de los cuerpos carbonizados) bajo la alfombra de la normalidad. Y así, a pesar de ciertos momentos de indignación, rebelión y fuerte protesta popular (como las movilizaciones de 2011 del Movimiento por la Justicia con Dignidad, las de 2014/2015 por los 43 de Ayotzinapa, la creación de «Guardias Comunitarias», sobre todo en los territorios indígenas), hemos llegado a medio millón de personas asesinadas, más de 120 000 desaparecidos y al descubrimiento de centros de exterminio en esta gran fosa común llamada México.

La gravedad de los crímenes encontrados en el rancho de Teuchitlán, registrado por las fuerzas del orden en 2017 y luego en septiembre de 2024, que «no habían notado la presencia de hornos y otros detalles», pone de manifiesto una vez más la densa red de complicidad entre el crimen y el Estado mexicano. La gestión de un centro de entrenamiento y eliminación física de cadáveres a este nivel solo puede funcionar con el silencio —y posiblemente el apoyo directo— de las instituciones políticas y judiciales. Un genocidio, un crimen contra la humanidad, se perpetraba a las puertas de la segunda ciudad más importante de México, donde se captaba a la gente en las estaciones de autobuses, se la llevaba allí, se la maltrataba física y sexualmente, se la incitaba a matar y, a quienes sobrevivían al infierno, se les obligaba a convertirse en sicarios, en máquinas de muerte para la producción y acumulación de riqueza del CJNG. Todas las demás personas eran torturadas atrozmente y luego quemadas, barridas como basura. Humo.

Las preguntas que se derivan de ello son terribles: ¿cuántos otros centros de exterminio similares están funcionando y son tolerados en otros lugares de México? ¿Hasta cuándo seguiremos mirando hacia otro lado, permitiendo que las empresas, los gobiernos y sus brazos armados dispongan de forma tan atroz de nuestros cuerpos, de nuestro futuro? ¿Hasta cuándo aceptaremos vivir con miedo y terror en el alma?

Y para quienes viven al otro lado del océano: ¿hasta cuándo las series sobre el narcotráfico y el turismo inconsciente trivializarán nuestras conversaciones sobre México?

¿Hasta cuándo pensaremos que esas «dos rayas de falopa» que nos echamos los sábados por la noche no nos convierten en cómplices del lado más feroz del capitalismo?

¿Hasta cuándo seguiremos indiferentes?

¿Hasta cuándo nos absolveremos?

Nodo Solidale

#NarcoEsDespojo #NarcoEsCapitalismo #NarcoEsElEstado

Renoize 2025, Narco-stato e fascismo criminale in Messico

Il testo che segue è l’intervento integrale del Nodo Solidale nel Festival Antifascista di Renoize 2025 (Roma), per il dibattito “Fascismi e Guerra Globale” di venerdì 5 settembre. Un’analisi di contesto e poi specifica sulla “governance criminale” che si perpetua anche sotto i governi progressisti, con numeri drammatici di vittime negli ultimi anni.

Ciao a tutt*, siamo qui a dare la nostra parola come collettivo internazionalista Nodo Solidale, un piccolo gruppo di militanti con un sogno rivoluzionario, piantato su due sponde dell’oceano, una in Messico e l’altra in Italia.

Partendo dalla nostra umile e specifica esperienza politica, speriamo di stimolare e nutrire il dibattito, necessario, che ci propone questa meravigliosa realtà che ringraziamo e di cui ci sentiamo parte. Perché Renoize è la memoria viva di Renato, idea e pratica mai sopita di antifascismo comunitario che ancora ci unisce in questa città sempre più delirante e difficile. Come molt* già sanno, per il nostro collettivo esserci oggi è una questione d’infinito, inesauribile, amore ribelle. 

Come bianchx europex che attraversano, vivono, amano e si riconoscono complici di quel Messico “dal basso”, ribelle e resistente, proveremo a tradurre in questo intervento ciò che osserviamo da circa vent’anni, citando talvolta i nostri stessi contributi su https://nodosolidale.noblogs.org

Il tema che ci convoca è la guerra contro l’umanità che stiamo vivendo. Ormai sappiamo che le guerre servono all’autocrazia mondiale – passatecelo come concetto critico e metaforico – per “distruggere e spopolare” per poi “riordinare e ripopolare i territori”, secondo gli interessi di un unico vincitore: il capitale. È questa la formula coniata dagli e dalle zapatiste dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) per leggere la “Quarta guerra mondiale”. “Quarta” perché durante quella che fu definita “Guerra fredda” si sono combattutte più di un centinaio di guerre in tutto il pianeta, insomma di freddo c’era poco… La guerra globale permanente che sta combattendo il capitale globale contro l’umanità. 

Il genocidio in Palestina preparato da anni di occupazione, assedi e attacchi sistematici al popolo palestinese, ne è tragicamente la dimostrazione più feroce e palese. “L’atto finale del colonialismo bianco”, così lo definisce il giornalista Bellingausen.

Come scrive Rita Laura Segato, ci sono massacri che non si limitano allo sterminio fisico: colpiscono la trama stessa del vivente. Non si uccidono soltanto corpi: si spezzano genealogie, si interrompono legami, si devastano comunità. È un femminicidio mondiale, dove ciò che è relazionale, ciò che custodisce e protegge la vita, viene ferito al cuore, proprio perché la vita è l’antitesi del capitalismo.

Accade oggi in molte parti del mondo quello che giustamente qui chiamate “regime di guerra”. E non si tratta soltanto del cosiddetto ‘modello Orbán’ delle destre: anche governi che si proclamano progressisti riproducono, con maschere nuove e un lessico più seducente per le masse, le stesse logiche di dominio e sfruttamento del capitale globale. In questo senso, il Messico e la guerra non dichiarata che vi si consuma, rappresentano oggi un laboratorio “anomalo” di potere e sfruttamento, un esempio drammatico che non possiamo ignorare e che vorremmo provare a inquadrare insieme.

LA QUARTA TRASFORMAZIONE

Citiamo ancora l’EZLN che, in uno dei suoi comunicati più recenti ha descritto il pianeta come un unico e grande latifondo: i padroni sono le grandi imprese multinazionali, mentre i governi non sono altro che i caporali che si alternano nella gestione tirannica del pezzo di proprietà loro assegnato. L’alternanza fra i diversi caporali è quella che chiamano democrazia. E  In quest’ ottica, l’arrivo di Morena (Movimiento de REgeneración Nacional) al governo non ha cambiato il sistema, ma soltanto chi lo amministra, il caporale, appunto.

In Messico, dopo due sconfitte elettorali, Andrés Manuel López Obrador decise di abbandonare il PRD e fondare appunto Morena, un nuovo movimento che si presentava come voce della sinistra popolare e alternativa al sistema dei partiti tradizionali: un partito costruito intorno alla sua figura, più che su un progetto collettivo. Nel 2018, al terzo tentativo, ha conquistato la presidenza con un consenso senza precedenti, presentandosi come paladino della “Quarta trasformazione” del Paese, dopo l’Indipendenza (1810-’21), la Riforma liberale (1867) e la Rivoluzione Messicana (1910-’17).

Al posto di una vera democratizzazione si è consolidato invece un potere personalista, con programmi sociali più utili al consenso che alla giustizia strutturale. La militarizzazione della sicurezza è proseguita, smentendo gli impegni iniziali, mentre le politiche economiche hanno favorito le pratiche estrattiviste. Nel 2024 Claudia Sheinbaum è diventata la prima donna presidenta del Messico, ma la sua elezione è stata solo un sigillo di continuità con il governo precedente.

Sul piano sociale, a livello micro-economico, si è tentata una ridistribuzione dei redditi, soprattutto nelle campagne e nelle zone più povere del Paese, attraverso numerosi programmi puramente assistenzialisti. Questi interventi, infatti, pur alleviando un po’ le difficoltà immediate di sopravvivenza, restano privi di una reale prospettiva di cambiamento strutturale delle vite, e spesso sono stati utilizzati in chiave controinsorgente: per cooptare, comprare le coscienze e indebolire le lotte sociali e i movimenti popolari, soprattutto quelli autonomi. 

A livello macro-economico, i governi progressisti di López Obrador e Claudia Sheinbaum hanno invece continuato e, in certi casi, approfondito il solco delle politiche neoliberali imposte dal Fondo Monetario Internazionale e da organismi finanziari continentali come il Banco de Desarrollo Interamericano. In questo contesto, il Messico si presenta come nuova potenza regionale “latina”, sia culturalmente che politicamente, ma il suo rapporto di sudditanza con gli Stati Uniti resta invariato: la dipendenza economica e politica limita le possibilità di indipendenza e di trasformazione reale, consolidando invece il modello di sviluppo orientato al mercato e alle élite transnazionali più che ai bisogni della popolazione. 

I MEGAPROGETTI E IL MODELLO ESTRATTIVISTA

Il progetto trentennale di riordino strutturale e geostrategico, noto come Plan Puebla-Panamá, ostacolato storicamente dalle resistenze locali, trova oggi nuova linfa con i governi progressisti messicani. In Messico l’estrattivismo resta il vero motore dell’economia, con i settori minerario, petrolifero e forestale che servono principalmente a garantire profitti alle grandi imprese, calpestando i diritti delle comunità locali. I governi recenti hanno puntato a rafforzare la Comisión Federal de Electricidad (CFE) come strumento di sovranità nazionale, ma al contempo hanno aperto sempre più spazi alle grandi imprese e investitori esteri, che continuano a esercitare un’influenza decisiva: el 2025 il governo di Sheinbaum vanta il record di investimenti stranieri: 36 miliardi di dollari. I progetti di energia rinnovabile, spesso promossi come sostenibili, convivono con centrali fossili e idroelettriche ad alto impatto sociale e ambientale, che espropriano terre e risorse delle comunità locali. Progetti energetici come la raffineria di Dos Bocas a Tabasco non mirano tanto allo sviluppo interno, quanto a fornire energia agli Stati Uniti, rafforzando un modello di subordinazione economica e geopolitica. 

Così sviluppo, estrattivismo e controllo politico si intrecciano, trasformando risorse naturali e territori in spazi di messa a valore, mentre le popolazioni locali pagano il prezzo ambientale e sociale. 

Progetti come il Tren Maya rappresentano uno specchietto per le allodole: presentati come iniziative di sviluppo turistico e valorizzazione culturale, dietro il marketing verde e sostenibile si nasconde un impatto ambientale e sociale devastanti. La costruzione della ferrovia attraversa ecosistemi fragili, distruggendo porzioni significative di selva maya e habitat naturali, mettendo a rischio specie animali e piante endemiche. Allo stesso tempo, le comunità indigene e rurali lungo il percorso subiscono espropri, pressione economica e marginalizzazione, senza ricevere veri benefici dal progetto. Su quei binari viaggiano soprattutto merci, mentre il turismo promesso risponde agli interessi delle grandi imprese e degli investitori, riducendo territori ricchi di biodiversità a semplici scenografie per flussi rapidi e superficiali. Così, il Tren Maya diventa un altro esempio di come il discorso di sviluppo sostenibile possa mascherare pratiche estrattiviste, neoliberali e di sfruttamento dei territori e delle popolazioni locali. 

Il Corredor Transístmico rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi di questi governi progressisti. Attraversando l’istmo di Tehuantepec, collega l’Oceano Pacifico con l’Atlantico, posizionando il paese come alternativa commerciale strategica al canale di Panama. Il progetto integra porti, ferrovie, strade e zone industriali in un corridoio che trasforma radicalmente il territorio: vaste aree rurali e indigene sono espropriate, gli ecosistemi fragili vengono travolti dalla linea ferroviaria di altà velocità e il paesaggio naturale riscritto per accogliere infrastrutture logistiche e attività produttive intensive. Dal punto di vista logistico, il corridoio accelera in maniera vertiginosa i flussi di merci, materie prime e persino turisti, integrando il Messico in catene globali di commercio e consolidando la sua funzione di hub regionale a beneficio delle élite e del capitale internazionale. 

Non si tratta solo di Grandi Opere o Mega-progetti, ma di dispositivi geopolitici di controllo su territorio e popolazione. La trasformazione non è mai neutra: diventa accumulazione capitalistica e controllo sociale, mentre i benefici restano simbolici o concentrati in poche mani. I megaprogetti messicani mostrano così il volto reale di uno sviluppo estrattivista e politicizzato, dove tutto è subordinato a profitto e potere.

UNA IMMENSA FRONTIERA

Nella logica violenta del riordino territoriale rientra naturalmente anche la gestione delle frontiere. Il Messico, sotto la pressione costante degli Stati Uniti, continua, per esempio, ad applicare il Plan Frontera Sur, rilanciato e inasprito nel 2024 con nuovi fondi statunitensi, droni di sorveglianza e pattugliamenti congiunti. L’obiettivo dichiarato: contenere le migrazioni prima che arrivino al confine nordamericano. L’obbiettivo reale: esternalizzare il confine USA fino al Guatemala, trasformando tutto il Messico in una immensa zona di frontiera. Mentre il governo federale stringe accordi con Washington per contenere il flusso migratorio, intere regioni diventano zone cuscinetto, dove la migrazione è gestita come una minaccia militare invece che come una crisi umanitaria. Il dramma migrante in Messico, infatti, non è solo il risultato di rotte pericolose o confini militarizzati, ma è il frutto di un sistema che trasforma la mobilità umana in problema di sicurezza. La migrazione viene gestita come minaccia, mentre chi fugge da fame, violenza o disastri climatici si trova intrappolato tra politiche repressive, gruppi criminali e frontiere invisibili che segnano territori e corpi. Centri di detenzione, pattugliamenti, accordi internazionali con gli Stati Uniti e controllo tecnologico del territorio rendono ogni passo del cammino un percorso di costante rischio, mentre i diritti fondamentali vengono negati e la dignità calpestata. I dati ufficiali parlano di un flusso verso il nord di circa un milione e mezzo di migranti all’anno, ma solo nel 2024 questo governo di “sinistra” ha dichiarato di averne arrestati 925.000. Circa 9.000 le denuncie di migranti desaparecid@s, scomparsi, numero nettamente inferiore alla realtà, perché ovviamente è estremamente complicato per i familiari di un altro Paese realizzare la pratica della denuncia in Messico. 

La presenza dei cartelli del narcotraffico, poi, lungo le rotte migratorie di Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, con percorsi secondari in Guerrero e Campeche, si intensifica sempre di più: sequestri per estorsione, stupri a fini di tratta e reclutamento forzato. Desaparecid*s in tutto il Paese. I migranti sono costretti a lavorare come sicari o come braccianti nei campi di oppiacei o nei laboratori di metanfetamina, mentre le donne sono trascinate nel girone infernale della prostituzione forzata e della tratta. La frontiera non è una linea: è una trappola, un labirinto di checkpoint, milizie, sequestri, fosse comuni e omertà che pervade il Paese. La migrazione diventa così un altro laboratorio di sfruttamento, esclusione e violenza, dove lo Stato, le mafie e gli interessi geopolitici definiscono chi usare, chi può sopravvivere, chi deve arretrare e chi scompare nell’oblio di rotte invisibili. 

Per anni la frontiera nord del Messico è stata il simbolo del dramma, con il muro che separava famiglie, sogni, vita e morte. Ma anche al sud la violenza era già presente e oggi si è moltiplicata, trasformando intere regioni in teatri di guerra silenziosa. Nord e Sud sono ormai scenari di un conflitto che colpisce migranti e comunità locali, lasciando dietro di sé terre devastate e vite spezzate: una narco-dittatura, feroce forma di fascismo criminale in America Latina.

NARCO-STATO: FRAMMENTARE, IMPAURIRE, SORVEGLIARE E PUNIRE.

Insomma, questa politica del riordino territoriale che “distrugge e spopola” per “ricostruire e ripopolare” che è tipica del capitalismo estrattivista globale, si innesta anche in Messico e lo fa su di un elemento nazionalista: l’uso della forza dello Stato non solo come strumento di controllo ma anche di gestione economica. Gli appalti per le grandi opere vengono assegnati alle imprese costruttrici tramite la SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional, il ministero della Difesa) e custoditi dalle forze militari grazie a un decreto che definisce questi mega-progetti “territori di rilevanza strategica nazionale”.

Con gli ultimi due governi progressisti, l’Esercito messicano ha rafforzato il proprio peso politico, assumendo funzioni civili e di polizia, fino all’incorporazione nel 2024 della Guardia Nacional nella SEDENA. Ispirata al modello dei Carabinieri italiani, la Guardia è nata nel 2019 come corpo militarizzato alternativo alla corrotta Policia Federal. Oggi conta 130.000 agenti, assorbiti dalle Forze Armate e dispiegati in tutto il paese. In particolare, sono concentrati lungo la frontiera sud e in quei luoghi considerati strategici per l’economia nazionale, fungendo sia da barriera per respingere i migranti in arrivo dal Centroamerica, sia da protezione del capitale investito nelle grandi opere e nelle attività estrattiviste.  In definitiva, è una mercificazione capitalista dei territori, sostenuta e difesa dal braccio armato dello Stato: l’Esercito federale. Un’alleanza potente e spaventosa, soprattutto quando è risaputo – e dimostrato – che in Messico le forze armate sono complici e socie dei consorzi criminali, specialmente dello storico cartello di Sinaloa.

Al di là della rappresentazione simbolica che depoliticizza i “narcos” – o addirittura li rende accattivanti attraverso serie tv e film –, infatti, crediamo che il fenomeno vada letto come una forma di organizzazione specifica dell’economia capitalista neoliberale e globalizzata. Ci azzardiamo a dire che in molte parti del mondo l’economia criminale sta penetrando nelle relazioni economiche come un vero e proprio modo di produzione capitalista, un modo assolutamente violento, quindi “fascista” in senso ampio. Non è una peculiarità esclusiva del Messico o dell’America Latina, basti pensare alle mafie europee, come quella russa, alle organizzazioni camorristiche e ‘ndranghetiste in Italia capaci di muovere capitali globali, alle “scam cities” asiatiche, alle triadi cinesi, alla Yakuza giapponese o ai cartelli africani legati ai traffici di materie prime e migranti. 

Se il profitto economico è il principio cardine della politica contemporanea, il crimine organizzato è l’attore perfetto della distopia capitalista: si presenta come un imprenditore dotato di capitali inesauribili, capaci di scorrere dai mercati sommersi a quelli formali, contaminandoli. Le sue fonti di ricchezza sono le più estreme forme di mercificazione: i corpi (con il traffico di organi, la prostituzione, lo sfruttamento dei migranti), le armi, le droghe, e tutto ciò che può generare valore di scambio. La mano d’opera quasi schiavizzata, tra precarietà assoluta e negazione di ogni diritto lavorativo, permette inoltre l’immpennata della curva del plusvalore, accellerando l’accumulazione di ricchezza. Oltre a questa presenza attiva nel mercato, il crimine organizzato, che nei fatti si fa socio della classe politica che corrompe e protegge, rappresenta anche il “nemico perfetto” nel discorso pubblico dei governi perché si consolida come il pretesto inoppugnabile per incentivare le spese militari, estendere la militarizzazione, aumentare gli effettivi di polizia, affinare le forme di tecno-controllo sulla popolazione, che, di fronte alla reale e spietata violenza di questi consorzi mafiosi, spesso applaude addirittura le politiche securitarie e repressive.  Così che l’applauso del popolo e la narrativa delle istituzioni distolgono l’attenzione da un fatto socialmente comprovato: il crimine organizzato è parte viva e integrante tanto dell’apparato economico, amministrativo e repressivo come del suo tessuto sociale. È un elemento fondamentale e attivo dell’economia attuale di un Paese come il Messico, solo per rimanere nell’esempio di cui stiamo parlando. È una struttura fluida e diffusa che pervade imprese e istituzioni. 

Infine il crimine organizzato offre allo Stato la possibilità di una repressione in “outsorcing”: fuori dai corpi armati ufficiali del potere, le bande di criminali diventano, infatti, i mercenari e i paramilitari contemporanei che, mentre generano terrore nella popolazione per sottometterla alle proprie necessità economiche, eliminano selettivamente chiunque si opponga o denunci queste convivenze criminali. Giornalist*, compagn*, attivist* sociali, ambientalisti, madres buscadoras, leader indigeni o comunitari, vengono tutt* falciati dalle smitragliate dei “narcos” o fatti sparire, mentre i governi, anche quelli progressisti, se ne lavano le mani, giocando ad accusare la criminalità “narco” di questi tristi, interminabili e sempre impuniti delitti.

In Messico, questa guerra invisibile e “democratica” va avanti dal 2006, dalla cosiddetta “guerra al narco” di Felipe Calderón fino al 2025, ha già prodotto 532.609 morti, di cui almeno 250.000 sotto i governi progressisti di López Obrador e Sheinbaum. Parallelamente, 123.808 persone risultano desaparecidas (dato ufficiale al 13 marzo 2025), quasi 50.000 negli ultimi sei anni. La tragedia avviata dalle destre non si è fermata con il progressismo: si è moltiplicata. Tutti i governi, senza distinzione ideologica, hanno le mani sporche di sangue.

È da più di quindici anni che, come collettivo, ci uniamo a quella parte della società civile organizzata che denuncia questa guerra negata, manipolata o romanticizzata, per esempio, lo ripetiamo, nelle serie televisive dedicate al narco. Si tratta invece di una guerra e di un modello eminentemente capitalista, che accumula enormi ricchezze attraverso il traffico di merci, armi e corpi. Quelli dei migranti, delle donne e dei bambini rapiti, dei giovani attratti da offerte di lavoro ingannevoli e arruolati a forza. Corpi torturati, smembrati, sciolti nell’acido, ridotti a niente. È la fabbrica del terrore, la necro-produttività capitalista.

La repressione e il terrore, in questo contesto, non sono più diretti solo contro guerriglieri o attivisti, ma diventano una forma di governance flessibile e spietata: un dispositivo che disciplina territori e popolazioni, che difende il capitale e normalizza l’orrore. Questo meccanismo, oltre a reificare e mercificare tutto, persone, corpi, spazi e tempi di vita, ha anche un ruolo ideologico decisivo: depoliticizzare la lotta di classe, trasformare la resistenza in “criminalità”, oscurare il saccheggio dietro la retorica della sicurezza.

Si potrebbe pensare, ironicamente, che “almeno non piovono le bombe dal cielo”, che il Messico non sia come la Palestina, la Siria, il Kurdistan, il Sudan o l’Ucraina. Eppure il numero delle vittime è paragonabile, a volte persino superiore. Non è una guerra simmetrica tra eserciti, né la classica guerra asimmetrica tra Stato e nemico interno. 

Il Messico è quindi il laboratorio di una nuova forma di conflitto: una guerra di frammentazione territoriale. Le aree più colpite sono le periferie rurali e semi-rurali, ma anche città e metropoli subiscono gli effetti di questa guerra fatta di micro-conflitti ad altissima intensità di fuoco, disseminati e invisibili, che devastano la vita civile, condotta da una moltitudine di attori armati come cartelli, paramilitari, bande giovanili, forze speciali di polizia come i Pakales, esercito federale, Guardia Nacional e gruppi di autodifesa più o meno legittimi che si contendono territori e mercati. Ripetiamo: Stato e crimine non sono blocchi contrapposti e monolitici, ma componenti fluidi di un vasto mercato condiviso, dove politici, giudici, militari, narcos e imprenditori si intrecciano in una feroce lotta per risorse, corpi, territori e flussi economici.

In Chiapas, dove vari compagn* del nostro collettivo vivono, il sud profondo del Paese, la situazione è esplosiva. Si contano 15,000 “desplazados“, sfollati di intere comunità indigene e contadine costrette ad abbandonare le proprie terre a causa dell’intensificarsi dei conflitti armati, con il cartello di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación che si intrecciano a forze di sicurezza e paramilitari. Solo in questi primi sei mesi del 2025 sono state scoperte 27 fosse comuni clandestine nella zona a ridosso la frontiera. In varie aree, lo Stato si ritira. In altre, convive o subappalta al crimine organizzato la gestione della res publica come l’elezione pilotata dei sindaci (o la loro soppressione), la riscossione delle “tasse” o il pizzo, la gestione delle licenze, l’imposizione di orari di coprifuoco. Altrove, lo Stato reprime. Sparizioni forzate, imboscate e sparatorie in pieno giorno, femminicidi come pratica sistematica, villaggi rasi al suolo e fosse comuni clandestine sono l’orrore quotidiano di questa guerra di frammentazione territoriale, dove ogni metro quadrato del Chiapas sembra ardere per un conflitto diverso, per il moltiplicarsi degli attori armati in gioco. E non si sa mai bene chi è stato, perché il nemico è ovunque, volutamente depoliticizzato, cangiante, feroce.

Resta dunque una domanda cruciale: Come ci si scontra con le mafie quando queste governano? Come ci si ribella a un nemico politicamente impalpabile? Non a un esercito in uniforme, ma a una moltitudine camaleontica di imprenditori della violenza, senza regole, senza etica, senza patto sociale. Contro chi dirigere la rabbia sociale? A chi chiedere giustizia? Questa è la potenza terribile del dispositivo: rendere la rivolta quasi impossibile. 

Eppure, nonostante tutto, comunità e movimenti continuano a resistere, a costruire autonomia, isole di speranza nel mare infuocato di questa guerra anomala. Nella selva del Chiapas, sulle coste del Pacifico, nelle periferie delle megalopoli, negli assolati deserti del nord decine di collettivi, organizzazioni popolari, comunità indigene costruiscono spazi di speranza, mantenendo la fiammella accesa in questa terribile oscurità… con il sogno di veder bruciare un giorno i palazzi del potere e costruire sulle loro macerie un mondo più umano. 

Rimandiamo alla mostra le resistenze messicane alla barbarie, visitatela.

Che ci fanno dei soldati israeliani nelle scuole del Chiapas?

Pubblichiamo in italiano un reportage del giornalista indipendente Témoris Grecko realizzato a partire da una denuncia del Comité Acción Palestina Chiapas di San Cristóbal de Las Casas riguardo la presenza di veterani di guerra israeliani nelle scuole elementari del Chiapas. Questi giovani (tutti ex soldati) entrano nelle scuole pubbliche locali attraverso una associazione di “volontari” chiamata in inglese “Heroes for life” e più esplicitamente in ebraico “Combattenti senza frontiere” con il fine dichiarato di “dare un’altra immagine al mondo delle IDF”. La loro presenza, intercettata, denunciata e respinta dai collettivi e dal sindacato dei maestri (CNTE) di San Cristóbal, è inquietante e apre a molte altre domande: “In quanti posti sono andati questi finti volontari a fare propaganda sionista prima di essere scoperti e denunciati in Chiapas?”; “Che ci fanno realmente in Messico (e in altre parti del mondo) questi soldati vincolati alle forze speciali?”; “Il governo messicano è informato e quindi complice delle infiltrazioni di quest’associazione?”

La traduzione di questo reportage di Témoris Grecko (con la collaborazione di Leonardo Toledo) è un contributo al lavoro di contro-inchiesta dei compagni e delle compagne dei collettivi locali in appoggio alla resistenza palestinese e una denuncia dei lunghi tentacoli del sionismo in tutto il mondo.

Veterani di guerra israeliani, in Messico e in paesi dell’America, Asia e Africa, usano bambini in situazione di vulnerabilità per fare propaganda sionista.

Leggi l’articolo originale in spagnolo – artículo original en español

La storia è molto bella, dal punto di vista dei loro simpatizzanti. Dopo aver abbandonato la vita militare e fatto ritorno a quella civile, Gili Cohen, Yair Attias e Boaz Malkieli, tre amici poco più che ventenni, si rendono conto che i poveri del Terzo Mondo affrontano problemi molto gravi, e che migliaia di loro connazionali stanno viaggiando in quei paesi e potrebbero darsi da fare per aiutarli. Per questo motivo, nel 2013 decidono di creare un’associazione umanitaria, che chiamano in inglese “Heroes for Life” (“Eroi per la Vita”), la quale canalizza i vacanzieri come volontari verso scuole in una ventina di paesi, dalla Thailandia al Guatemala, per insegnare ai bambini a parlare inglese e istruirli in materie come scienze, musica, igiene personale e tecniche di combattimento Krav Magá.

In Messico, ad esempio, iniziano ad operare nel 2017, con il sostegno finanziario e logistico dell’impresa di sicurezza Maguén Group (il cui direttore esecutivo, Zvi Michaeli, è membro del consiglio di “Heroes for Life”) e del governo israeliano, in collaborazione con il municipio Miguel Hidalgo di Città del Messico (il consigliere del PAN, Raúl Paredes, li ha descritti, in una delle loro attività del 2023, come “giovani molto entusiasti, con un grande cuore e un profondo desiderio di aiutare bambine e bambini nei quartieri vulnerabili”).

Ora, nel maggio 2025, oltre che a Città del Messico, operano anche nelle scuole elementari della colonia 31 de Marzo, nella città di San Cristóbal de las Casas, nello stato meridionale del Chiapas (la prima denuncia è stata lanciata da Acción Palestina Chiapas).

«Questo è un progetto con il potenziale di trasformare Israele in un impero dell’aiuto umanitario, senza spendere neanche uno shekel (la moneta israeliana)», ha dichiarato a Esti Pelet, del portale messicano Enlace Judío, il leader dei fondatori, il capitano (della riserva) Gili Cohen, il quale ha espresso il proprio fastidio per il fatto che Israele compaia, insieme a Iran e Pakistan, nella lista dei paesi con l’impatto più negativo al mondo, secondo la BBC.

«Lottiamo per una buona reputazione del nostro paese», ha continuato. «Io ho servito nell’esercito israeliano per otto anni e ho visto che i nostri soldati sono i più morali del mondo. Voglio che questi giovani mostrino al mondo il loro vero volto. Quei ragazzi che lavorano come volontari in un orfanotrofio in India sono gli stessi combattenti che vengono condannati nel mondo».

Guerrieri Senza Confini

L’altra storia è quella che non viene raccontata. È probabile che buona parte di chi sta leggendo questo reportage abbia visto una o più stagioni della serie Fauda, che tratta di un’unità militare mista’arvim (in ebraico: מסתערבים, “arabizzati”) specializzata nell’infiltrarsi in aree urbane palestinesi, mascherando i propri soldati da civili palestinesi. Utilizzano veicoli civili modificati e padroneggiano la lingua araba per confondersi con la popolazione locale mentre svolgono missioni ad alto rischio in Cisgiordania, come sequestri e omicidi. La crudele strage di presunti “colpevoli” e di innocenti, come danni collaterali, è la costante sullo schermo.

I creatori di Fauda, Lior Raz e Avi Issacharoff, sono esperti in materia perché hanno fatto parte essi stessi della più famosa unità mista’arvim, la brigata Duvdevan.

Anche i tre amici poco più che ventenni che vogliono aiutare i bambini poveri del Terzo Mondo hanno fatto parte di questa esperienza. Lì sono diventati commilitoni. Non solo per svolgere il servizio militare: il capitano Gili Cohen ha dedicato otto anni della sua giovinezza a travestirsi da palestinese per ucciderli.

Convinti che Israele stia facendo le cose nel modo migliore, perché il proprio esercito è, come dice il primo ministro Netanyahu, “l’esercito più morale del mondo”, arrivano al punto che le “delegazioni” dei loro “Eroi per la Vita” vengono battezzate con i nomi di soldati morti in combattimento mentre distruggevano Gaza, in diverse guerre.

Prima nell’operazione Margine Protettivo del 2014, in cui sono state uccise 2.251 persone, tra cui 551 bambini e 299 donne; e più di 11.000 feriti (dal lato israeliano, sono morti 66 soldati e cinque civili, incluso un bambino).

E ora, nell’operazione Spade di Ferro, che è in corso con un genocidio: la missione in Chiapas si chiama Yotam Ben Best, che ha fatto parte anch’egli della brigata Duvdevan e, quando è morto in combattimento con miliziani palestinesi il 7 ottobre 2023, era comandante dell’“unità fantasma” delle operazioni speciali.

Per questo hanno nominato presidente del consiglio della loro organizzazione il generale Elyezer Shkedi, noto per l’abbattimento di due aerei durante l’invasione israeliana del Libano. Da qui deriva anche il vero nome del gruppo, in ebraico, לוחמים ללא גבולות, che significa “Guerrieri senza Confini”.

Quando si sono resi conto che in alcuni paesi non era ben visto l’arrivo di soldati israeliani che avevano ucciso palestinesi, presentandosi come guerrieri senza confini, hanno iniziato a cambiare nome nelle altre lingue. Nel 2016, Enlace Judío spiega che in inglese preferivano chiamarsi “Lottatori per la Vita”. Ma poiché nemmeno questo ha funzionato, hanno adottato il nome attuale, sempre in inglese: “Heroes for Life” ovvero eroi per la vita.

Un programma di hasbarà “molto redditizio”

A 18 anni, i giovani israeliani iniziano il servizio militare obbligatorio, durante il quale l’esercito prende il controllo delle loro vite per 36 mesi gli uomini, o 24 le donne. Questo include, in molti casi, operazioni di combattimento in cui maltrattano, feriscono o uccidono palestinesi, inclusi bambini e donne. Durante questo periodo, ricevono uno stipendio mensile di circa 200 dollari e benefici come sconti sui trasporti pubblici, spettacoli e altri servizi. Al termine, ricevono un’indennità economica nota come “sussidio di liberazione”, il cui ammontare varia in base alla durata del servizio, al tipo di ruolo svolto (per esempio, i combattenti ricevono un po’ di più) e ad altri fattori, ma solitamente è di diverse migliaia di shekel (equivalente a centinaia o migliaia di dollari). Con questa somma, più i risparmi accumulati, possono intraprendere il tradizionale tiyul shelach (viaggio dopo il servizio militare).

Ogni anno, circa 40.000 veterani di guerra israeliani partono per viaggiare in America Latina, Africa e Asia. Questa è la dimensione potenziale della forza di hasbarà (propaganda pro-Israele) individuata dal capitano Gili Cohen.

«L’idea era di utilizzare i backpackers come infrastruttura necessaria per svolgere lavoro umanitario “blu e bianco” mostrando al mondo il vero Israele», ha detto a Enlace Judío. «Volevamo creare un dibattito diverso su Israele. Volevamo fare una buona opera ebraica, e allo stesso tempo fare hasbarà per il paese, ma in modo diverso».

Attraverso i social media, annunciano i loro progetti, che possono svolgersi in popolazioni di Etiopia, India o Argentina, per formare un “gruppo che si offre come volontario in uno dei quartieri più degradati della città, generalmente nelle scuole dove insegnano di tutto”.

“Uno degli aspetti unici del programma è che è così redditizio”, sottolinea Enlace Judío. “Dato che fa parte del viaggio dei giovani all’estero, in nessun caso è necessario acquistare loro i biglietti aerei”. L’organizzazione “deve solo fornire loro alloggio e cibo per due settimane e mezza. Di conseguenza, con appena 11.000 dollari possono inviare una delegazione di circa 35 giovani israeliani altamente motivati a lavorare nei quartieri poveri di Mumbai”.

“La direzione della scuola, gli insegnanti, i genitori e i bambini sono molto consapevoli che i volontari sono israeliani, perché portano una bandiera israeliana sulla manica della camicia e, sulla schiena, il nome di un soldato caduto nell’operazione Margine Protettivo, che dà il nome alla loro delegazione”.

Tra le motivazioni dei volontari — ha aggiunto il portale di notizie — c’è il fatto che sono “soldati appena congedati che hanno visto la natura etica delle FDI (l’esercito israeliano), a differenza di quanto spesso viene presentato dai media internazionali, e vogliono mostrare al mondo un altro volto dei soldati delle FDI”.

Con questo modello così redditizio sia dal punto di vista economico che politico, aspirano a crescere: attualmente inviano 16 delegazioni all’anno, ma “entro la fine del 2030 l’organizzazione invierà 30 missioni umanitarie a 30 paesi in via di sviluppo ogni anno”, perciò, dicono sul loro sito web, “sarà conosciuta da tutti i veterani delle Forze di Difesa Israeliane (FDI) e posizionerà Israele come leader mondiale nell’aiuto umanitario. Come parte dell’organizzazione degli ex membri dell’associazione, migliaia di laureati saranno reclutati”.

Resistenza contro il saccheggio a Oaxaca

Di Fredy García e Kino Balu.


Il 7 giugno 2025, sotto il sole di Playa Salchi, un uomo cammina con il figlio verso il suo terreno. Di fronte alla prima staccionata, un bossolo di fucile brilla come un avvertimento silenzioso. «Che significa? Non mi minacceranno”, dichiara con voce ferma. Questo momento, immortalato durante il Forum per la difesa del territorio e dei diritti agrari a Cuatunalco, Oaxaca, riassume decenni di resistenza contro un sistema che trasforma la vita in merce e i territori sacri in bottino per il turismo d’élite.

Il forum ha riunito quattordici organizzazioni sociali giunte a Playa Salchi non per lamentarsi, ma per dichiarare guerra a un modello che spolia, criminalizza e uccide. La loro dichiarazione politica attraversa la retorica ufficiale come un bisturi: denuncia l’avanzata di progetti turistici e immobiliari che operano sotto la copertura dello “sviluppo”, mentre
chiede giustizia per le vittime del “Cartello della Spoliazione”, quella sinistra alleanza tra politici come Alejandro Aviléz Álvarez, Orlando Acevedo, Jesús Reyes e Alfonso Esparza che usa la violenza come strumento di accumulazione primitiva.


La matematica del saccheggio

Il saccheggio ha una storia e cifre precise. Nel 1972, i terreni di El Coyul furono acquistati per 20 mila pesos, con ogni membro della comunità che contribuì con 5 pesos della propria misera economia. Oggi, la speculazione le valuta 230 miliardi di pesos. “Abbiamo fatto un
calcolo matematico… perché non abbiamo mai chiesto il valore attuale della terra, cioè quanto il mercato ha speculato su questi territori”, spiega una testimonianza che smonta l’innocenza di questa inflazione. Non è un caso; è il motore di un capitalismo estrattivo che, come sottolinea Laura Rojas, “determina tutto, comanda tutto, struttura tutto, il denaro, tutto è mercificato, la vita è mercificata, la nostra energia, la nostra forza lavoro”.

I programmi governativi non sono politiche pubbliche, sono strumenti di spoliazione legale che facilitano la conversione delle terre comunali in proprietà privata. Sotto queste sigle burocratiche si nasconde la privatizzazione sistematica di territori che sono stati curati dai contadini per generazioni. Il caso della Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul illustra questa violenza istituzionale: 21 dei suoi membri sono perseguiti dalla giustizia per aver difeso ciò che appartiene loro.

Dagli anni Settanta, Oaxaca è diventata un campo di battaglia. Secondo Abraham Ramírez del Comitato per la difesa dei diritti indigeni (CODEDI), politici legati a Morena utilizzano “scagnozzi” e gruppi di mercenari per destabilizzare le comunità che si rifiutano di cedere i
loro territori. “In questo luogo, anni fa, hanno ucciso il nostro compagno Abraham Hernández… è stato portato via da persone armate vestite da militari e poche ore dopo lo abbiamo trovato giustiziato”, racconta una testimonianza che rivela la collusione tra Stato e criminalità organizzata. L’omicidio impunito di Abraham Hernández González, difensore di Salchi, non è un fatto isolato, ma fa parte di un modus operandi così come per i tre attivisti del CODEDI uccisi a Miahuatlán nel 2018.


La trappola verde della “conservazione”

L’ironia più brutale della spoliazione contemporanea risiede nel suo travestimento ecologico. La dichiarazione di “santuari” come quello delle tartarughe a Morro Ayuta viene utilizzata per giustificare espropriazioni. “Questa zona del Coyul è stata dichiarata santuario delle tartarughe lo scorso anno… vogliono dichiararla area naturale protetta a livello federale”, avverte un difensore. Lo Stato trasforma la conservazione in un pretesto per la spoliazione, mentre imprenditori internazionali – dagli sceicchi arabi che acquistano le coste alle catene alberghiere – approfittano di queste “aree protette” per i loro progetti di lusso.

I trattati internazionali come la Convenzione 169 dell’OIL, che riconosce i diritti degli indigeni, vengono traditi dagli stessi Stati che li hanno firmati. Laura Rojas lo sottolinea con precisione chirurgica: “Sono gli Stati che ci stanno spoliando… sono loro che creano il meccanismo (di consultazione). In Guatemala, gli accordi di pace dopo trentasei anni di
conflitto armato si sono dissolti in un referendum manipolato. La Banca Mondiale chiede 403 milioni di dollari a un Paese in cui metà dei bambini soffre di malnutrizione per aver resistito a progetti di estrazione mineraria”.

Il caso di Oralia Ramírez Chávez mette a nudo la meccanica quotidiana di questa violenza. «Circa due anni fa è arrivato un certo Israel Carreño Morales per privarci delle nostre terre… ci ha denunciati accusandoci di sequestro, espropriazione e tentato omicidio». La familia di Oralia, che si è presa cura della terra per quattro decenni, si trova ad affrontare uno sconosciuto che arriva con “atti di proprietà” falsi e uomini armati per vendere lotti a stranieri. Questo copione si ripete da Tonameca al Chiapas, da Santa María Huatulco a San Pedro Huamelula, dove la persecuzione giudiziaria contro i difensori è orchestrata da imprenditori e autorità giudiziarie complici.


Tagliare le arterie del mostro

Il sistema estrattivo è un colosso, ma non è invincibile. Laura Rojas propone una metafora chirurgica che chiarisce la strategia: «Immaginate l’arteria che porta tutto il sangue al cervello: tagliamo quell’arteria al mostro e lui cade a terra». I gasdotti, le mega autostrade e le linee ad alta tensione sono le arterie dell’estrattivismo. Senza di esse, i progetti alberghieri, minerari e delle monocolture collassano.

Le organizzazioni riunite a Salchi comprendono questa anatomia del potere. Le loro richieste non si limitano alle denunce, ma includono azioni concrete come il boicottaggio delle banche e delle società che finanziano lo spoliazione. “Continuiamo a mettere i nostri soldi nelle loro banche, a comprare i loro prodotti”, critica Laura Rojas. Rompere questa
dipendenza economica fa parte di una strategia più ampia che include l’occupazione dei territori, la chiusura dei progetti illegali e la pressione diretta su istituzioni come Profepa e Semarnat.

Il discorso ufficiale che promette consultazioni e diritti è una farsa progettata per logorare, non per proteggere. “Si impara fin da piccoli a lottare per difendere ciò che ci dà identità… per questo è molto importante lottare per questo, anche a costo di dare la vita, se
necessario”, afferma Abraham Ramírez. La resistenza non può aspettare tribunali che impiegano vent’anni per decidere, mentre le ruspe avanzano ogni giorno.


La Terra come identità

«Siamo disposti a difendere i nostri territori con la vita stessa, se necessario». Per le comunità riunite nel forum, la terra non è solo suolo; è la radice dell’identità, il sostentamento della cultura, la base dell’autonomia. La loro dichiarazione politica trascende il locale ed esprime solidarietà con le lotte globali, compresa quella del popolo palestinese, riconoscendo che la spoliazione opera con la stessa logica coloniale a diverse latitudini.

“Siamo un’organizzazione grande, forte, potente, dove ognuno dimostra la propria dignità, il proprio coraggio”, dichiara un difensore. Questa unità non è retorica, è la forza materiale che permette di resistere al “Cartello della Spoliazione” e ai suoi metodi di intimidazione.

Le quattordici organizzazioni firmatarie, tra cui Codepo, CODEDI e l’Assemblea dei Popoli dell’Istmo, non si limitano a denunciare, ma propongono anche delle soluzioni. Il loro appello al Encuentro Nacional contra la Gentrificación (Incontro nazionale contro la gentrificazione), previsto per luglio 2025 a Oaxaca, mira a coordinare una resistenza
collettiva che trascenda i confini municipali e statali. Comprendono che la difesa del territorio richiede strategie che operino su più livelli, dalla disobbedienza civile locale all’articolazione internazionale.


Verso la sovranità territoriale

Il forum di Salchi non è stato un lamento di vittime, ma una dichiarazione di guerra contro un sistema che trasforma territori sacri in merci per il turismo d’élite. I partecipanti comprendono di trovarsi di fronte a «forze e poteri oscuri a livello nazionale e internazionale», ma sanno anche che «loro sono pochi, noi siamo migliaia».

La vittoria non sta nel negoziare con i burattini del capitalismo estrattivo, ma nel costruire la sovranità territoriale attraverso l’organizzazione autonoma, la disobbedienza strategica e l’indipendenza economica. Finché le comunità continueranno a proclamare “Le spiagge sono dei popoli! La terra non si vende, si difende!”, il battito della resistenza continuerà a scorrere nelle vene di questi territori.

Il bossolo trovato da quel padre accanto al figlio non ha raggiunto il suo scopo intimidatorio. Al contrario, è diventato il simbolo di una resistenza che non accetta minacce, che non negozia l’identità e che comprende che la difesa della terra è la difesa della vita stessa. A Playa Salchi, sotto il sole implacabile di giugno, è rinata ancora una volta la certezza che i popoli non si arrendono quando difendono ciò che dà loro senso: il
loro territorio, la loro cultura, il loro diritto a esistere.

2025. Los Angeles. California.

Il 6 giugno, agenti dell’ICE hanno condotto blitz in vari punti della città: Fashion District, Home Depot e una grossa azienda tessile. Oltre cento arresti.

Le strade hanno risposto: molotov, blocchi di cemento, barricate e auto in fiamme. I manifestantihanno resistito con determinazione, trasformando la città in un campo di battaglia contro la violenza
istituzionale. La risposta della polizia è stata brutale: gas lacrimogeni, flash-bang, proiettili di gomma e granate stordenti. Ventisette persone arrestate, almeno tre manifestanti feriti, sei agenti colpiti e due giornalisti centrati da proiettili “non letali” mentre documentavano i fatti.

È l’urlo collettivo di chi non può più accettare le retate dell’ICE e le politiche razziste dell’amministrazione Trump. È un punto di svolta nella resistenza contro l’apparato repressivo statunitense: una mobilitazione che brucia di coraggio, dolore e dignità.

La risposta federale arriva il 7 giugno. Trump firma un ordine senza precedenti: la mobilitazione della Guardia Nazionale sotto il Titolo 10 del Codice degli Stati Uniti, (U.S. Code) che regola le forze armate. Quando la Guardia Nazionale viene mobilitata sotto Titolo 10, significa cha agisce sotto il controllo federale diretto, cioè del Presidente degli Stati Uniti, non più sotto il comando del governatore dello stato, può essere impiegata come forza militare federale attiva, proprio come l’esercito regolare. Circa 2.000 tra militari e forze federali vengono dispiegati nelle strade di Los Angeles, a difesa dei centri ICE e degli edifici federali. Un atto gravissimo, che non si vedeva dal 1965 senza il consenso dello Stato interessato. Il governatore Gavin Newsom ha denunciato con forza l’iniziativa: «Una violazione della sovranità statale e una provocazione deliberata». Ha già annunciato una causa legale contro Washington.

Tra fiamme, barricate e fumo lacrimogeno, un’immagine è diventata simbolo virale: un manifestante a volto coperto, in sella a una moto, che sventola con fierezza la bandiera messicana davanti a un’auto in
fiamme, diventato emblema virale di un conflitto sociale destinato a incendiare i cuori .

Questa non è una protesta pacata, né uno sciopero simbolico. È l’ennesima rivolta popolare, reale, viscerale. Contro la deportazione di massa. Contro lo smantellamento sistematico dei diritti. Contro un
potere autoritario che usa gli eserciti per proteggere una società basata sull’esclusione, sulla discriminazione, su un “noi” bianco e privilegiato contro un “loro” criminalizzato e perseguitato.


Le leggi migratorie reintrodotte e rafforzate dall’amministrazione Trump nel suo secondo mandato hanno segnato un ulteriore passo verso la criminalizzazione della mobilità umana. Il ripristino della politica “Remain in Mexico”, l’espansione dei poteri di detenzione per l’ICE e le deportazioni accelerate hanno trasformato il confine in un territorio militarizzato e letale. Le nuove restrizioni colpiscono anche chi è già radicato nel paese da anni, spezzando famiglie, distruggendo comunità, alimentando una paura quotidiana che diventa sistema di controllo.

In queste strade non ardono solo automobili: bruciano vite, speranze, e dignità. Dalle ceneri, come sempre, si leva una forza collettiva che rifiuta di chinare il capo.

Una dignità messicana e chicana che si ribella, che non è solo migrante ma parte viva e inscindibile di questi Stati Uniti. Una voce che reclama rispetto, giustizia, libertà di movimento e di identità. Pronta a difendere con forza la propria storia, le radici profonde di una cultura che resiste, e un futuro fatto di dignità e speranza che nessuna frontiera potrà mai soffocare. Nelle strade a gridare “Fuck ICE” non ci sono solo gli/le indocumentati o la furia dei giovani chicanos; gruppi di vicini, studenti universitari, collettivi antifascisti, sindacati di base, indigeni delle riserve, uomini e donne di Los Angeles, con il cuore empatico e solidario, che incarnano la coscienza meticcia profonda di questo pezzo – da sempre
ribelle e pulsante – degli States.

Nel frattempo il Messico, sotto pressione costante da parte degli Stati Uniti, continua ad applicareil Plan Frontera Sur, rilanciato e inasprito nel 2024 con nuovi fondi statunitensi, droni di sorveglianza e pattugliamenti congiunti. L’obiettivo dichiarato: contenere le migrazioni prima che arrivino al confine nordamericano. Quello reale: esternalizzare la frontiera USA fino al confine con il Guatemala. Mentre il governo federale stringe accordi con Washington per contenere il flusso migratorio, intere regioni del Messico diventano zone cuscinetto, dove la migrazione è gestita come una minaccia militare, non come una crisi umanitaria.

Nel solo 2024, oltre 800.000 persone sono state intercettate nel sud del Messico. Provenienti da Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Haiti, ma anche da zone rurali messicane devastate da violenza e povertà, vengono spesso bloccate, detenute o deportate senza reali possibilità di chiedere asilo. Nei centri di detenzione migratoria – come quello di Tapachula, tristemente noto come “la Guantánamo messicana” – si accumulano denunce di violazioni sistematiche dei diritti umani: abusi, mancanza di cure mediche, condizioni igienico-sanitarie disumane. La presenza dei cartelli lungo le rotte migratorie si è intensificata: estorsioni, sequestri, stupri, reclutamento forzato. Per chi fugge, il cammino è un campo minato. La frontiera non è una linea: è una trappola, un labirinto di checkpoint, milizie, sequestri, fosse comuni e silenzi.

In Chiapas, il sud profondo del paese, la situazione è esplosiva. Si contano 15,000 “desplazados“, sfollati di intere comunità indigene e contadine costrette ad abbandonare le proprie terre a causa dell’intensificarsi dei conflitti armati tra gruppi narcos, con il cartello di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación che si intrecciano a forze di sicurezza e paramilitari. Le forze speciali di polizia Pakal, annunciate come baluardo dello Stato contro il crimine, operano spesso in modo opaco, violento, con scarsi risultati e molte denunce di abusi. In varie aree, lo Stato si ritira. In altre, convive o subappalta al crimine organizzato la gestione della res pubblica. Altrove, reprime. Sparizioni forzate, imboscate e sparatorie in pieno giorno, femminicidi come pratica sistematica, villaggi rasi al suolo e fosse comuni clandestine sono l’orrore quotidiano di questa guerra di frammentazione territoriale, dove ogni metro quadrato del Chiapas sembra ardere per un conflitto.

Così, la frontiera, quella tra Stati Uniti e Messico, ma anche quella tra sud e nord del Messico, tra diritto e arbitrio, tra umanità e repressione, si allarga, si moltiplica, si incista nel territorio e nei corpi. Non è un confine geografico: è una ferita politica che separa chi fugge da chi esclude, chi resiste da chi reprime.


NO BORDER, NO NATION, STOP DEPORTATION

Ma cos’é ICE?

ICE, Immigration and Customs Enforcement, è l’agenzia federale degli Stati Uniti incaricata di far rispettare le leggi sull’immigrazione e controllare le frontiere interne. Dipende dal Dipartimento della
Sicurezza Interna (DHS) ed è nota soprattutto per i raid, gli arresti e le deportazioni di immigrati irregolari. Le sue operazioni sono spesso al centro di forti critiche per l’uso eccessivo della forza, la separazione delle famiglie e la detenzione di minori. Una parte significativa del personale ICE è composta da agenti di origine latina, molti dei quali si ritrovano a eseguire ordini contro comunità simili a quelle da cui provengono. Una contraddizione lacerante, che acuisce il dramma umano e politico delle retate, e rivela con crudezza come i sistemi autoritari, anche sotto l’apparenza democratica, siano capaci di rivolgere le loro stesse vittime le une contro le altre.

Oggi vogliamo riproporre questo potente progetto che è un piccolo gioiello di resistenza visiva e sonora. Nel 2013, La Santa Cecilia dava voce a milioni di persone invisibili con una ballata potente e delicata allo stesso tempo, che mette in scena, con forza poetica e politica, la repressione quotidiana vissuta dal popolo messicano sul suolo statunitense. El Hielo/il ghiaccio gioca sul doppio significato della parola: ICE come ghiaccio, freddo e disumano, ma anche ICE come l’agenzia federale per l’immigrazione, simbolo delle deportazioni, delle famiglie spezzate, della paura costante.

Nel videoclip, che oggi, dodici anni dopo, risuona come una profezia dolorosamente realizzata , vediamo i volti di Eva, José, Marta: persone reali, lavoratori senza documenti, che ogni giorno sopravvivono in un limbo legale e in un Paese che si nutre del loro lavoro, ma li espelle senza
pietà.

El hielo anda suelto por esas calles / nunca se sabe cuando nos va a tocar…
Il ghiaccio cammina sciolto per queste strade / non si sa mai quando ci toccherà

Una madre che non torna da scuola, un taxi diventato giardino da curare, un sogno americano che esclude chi lo tiene in piedi. La canzone non chiede pietà: pretende giustizia. E oggi, mentre nuove retate colpiscono le comunità latine, El Hielo resta un inno alla resistenza migrante e alla dignità di chi “solo voleva lavorare” e vivere.

La Santa Cecilia – Ice El Hielo

ICE – Acqua congelata
ICE – Immigration and Customs Enforcement
ICE – Il ghiaccio

“Eva passa lo straccio sul tavolino,
per far brillare tutto come una perla
quando arriva la padrona, che non si possa lamentare
non sia mai che la accusino di essere illegale.

José cura i giardini, sembrano di Disneyland
guida un vecchio camion senza la patente
non importa se era tassista nella sua terra natale,
questo non conta niente per lo Zio Sam.

Il ghiaccio cammina sciolto per queste strade
non si sa mai quando ci toccherà
piangono i bambini, piangono fuori scuola,
piangono vedendo che mamma non tornerà

Uno che resta qui
l’altro che torna là
questo solo per essere andati a lavorare

Marta è arrivata bambina e sogna con studiare qua
ma è difficile avere un futuro senza documenti
rimangono con gli allori solo quelli che sono nati qui
ma lei non smette mai di lottare

Il ghiaccio cammina sciolto per queste strade
non si sa mai quando ci toccherà
piangono i bambini, piangono fuori scuola
piangono vedendo che mamma non tornerà

Uno che resta qui
l’altro che torna là
questo solo per essere andati a lavorare

Uno resta qui
l’altro resta là
succede per essere andati a lavorare”

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=0lNJviuYUEQ

Nodo Solidale

L’anomalia della guerra in Messico

I dati della fabbrica del terrore

Il 5 marzo il collettivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” scopre qualcosa che innalza il livello della crudeltà del potere in Messico: un campo di sterminio del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei cartelli più feroci del Paese. In un ranch di Teuchitlán, nella campagna a un’ora dalla metropoli di Guadalajara (e a mezz’ora da una caserma militare), dietro un portone come altri milioni in Messico, vengono scovati – da un collettivo di familiari di “desaparecidos” e non dalle autorità competenti, come nella maggioranza schiacciante dei casi – tre forni crematori con ammucchiati frammenti umani e circa 400 paia di scarpe, centinaia di altri oggetti personali come braccialetti, orecchini, cappellini, zaini, quaderni con lunghissime liste di nomi, che proiettano la dimensione dell’orrore su centinaia, forse migliaia, di persone uccise con rigore scientifico in questo campo di sterminio contemporaneo. La vista della montagna di scarpe delle persone scomparse è un pugno al cuore per tutti coloro che, per associazione fotografica, volano con la mente ai peggiori massacri realizzati dalle dittature nazi-fasciste.

Ma Jalisco conta 186 siti di sepoltura clandestina processati dalle autorità, sebbene il ranch Izaguirre non figuri in questa mappa. Tlajomulco de Zúñiga è il comune con il maggior numero di fosse clandestine, per un totale di 75. Guadalajara la ricca, bella, ripulita e turistica capitale dello Stato è costellata di storie di desaparecidos e violenza, alcuni monumenti sono stati deturpati e trasformati in memoria viva con centinaia di foto e striscioni con i volti di persone sparite. Una realtà agghiacciante che va avanti da anni.

Sono più di quindici anni infatti che, come collettivo, ci siamo uniti a quella parte della società civile organizzata messicana che denuncia questa guerra negata, sporca, manipolata o romanticizzata nelle serie televise dedicate ai grandi capi del Narco. Una guerra del tutto capitalista, volta ad accumulare quantità assurde di denaro trafficando merci e corpi. Corpi picchiati, violentati, sfruttati fino all’ultima goccia, torturati e poi fatti a pezzi, sciolti nell’acido, bruciati, evaporati e dispersi nel nulla dell’oblio. Sono giovani uomini attratti da offerte di lavoro ingannevoli, bambini spariti in un angolo qualsiasi di una città, ragazzi reclutati con l’inganno. Sono moltissime donne: bambine, giovani, adulte, intrappolate in circuiti di tratta, abusi e torture inimmaginabili. E’ la fabbrica del terrore, la necro-produttività capitalista. Parliamo di 123.808 persone “desaparecidas”, dati del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDN) aggiornati al 13 marzo 2025. Numeri che, addirittura, superano di gran lunga le cifre già spaventose dello sterminio e della sparizione forzata realizzati durante le dittature in Cile e Argentina. Ma in Messico la maggioranza delle vittime non è militante política, è gente comune e questo riduce di molto la risonanza di questo terrificante crimine, come analizzeremo più avanti. Più di 50.000 persone sono scomparse negli ultimi 6 anni, sotto il governo di centro-sinistra della pomposamente sedicente “4^ Trasformazione”, indicando matematicamente le responsabilità istituzionali di questa drammatica piaga sociale. A questi dati sommiamo gli omicidi realizzati nel paese dall’inizio della cosiddetta guerra al narco, ovvero da dicembre 2006: 532.609, dato aggiornato al 29 gennaio di quest’anno, secondo fonti ufficiali. Più di mezzo milione di vite stroncate, di cui almeno 250.000 durante gli ultimi sei anni, con i governi di centro-sinistra.

Sopravvivere alla “guerra di frammentazione territoriale”

Com’è possibile che tutto ciò passi in (quasi) completo silenzio?

L’elemento fondamentale dell’anomalia della guerra in Messico non risiede solo nell’alto indice di normalizzazione e negazione della stessa, di cui parleremo più avanti, ma soprattutto nella sua comprensione sociale, perché relegata ai margini della politica e delle definizioni classiche di guerra. “Ancora non piovono le bombe dal cielo”, ci diciamo a volte ironicamente, “non stiamo messi male” come in Palestina, in Siria, in Kurdistan, Sudan, in Ucrania. Eppure il numero dei morti è lo stesso o, in certi casi, superiore.
Questa infatti non è una guerra simmetrica, fra eserciti schierati o un’invasione dichiarata da una forza armata nemica; e neanche la tipica guerra contemporanea asimmetrica, che si combatte un po’ ovunque, con forze speciali dello Stato impegnate contro cellule del “nemico interno”. Il fronte messicano è caratterizzato invece da una moltiplicazione indiscriminata di attori armati e da un altissima intensità di fuoco, che frammentano il campo di battaglia in micro-conflitti molto violenti, sparsi e poco visibili che elevano brutalmente il tasso di mortalità fra la popolazione civile mentre l’attività economica, politica e sociale grosso modo va avanti, con black-out e intermittenze nelle gestione della vita pubblica locale. Definiamo quindi questa anomalia bellica come “guerra di frammentazione territoriale”. Del resto le aree più assiduamente colpite dalle offensive e contro-offensive dei vari gruppi armati (illegali o istituzionali), dai rastrellamenti, dalle sparizioni, dai reclutamenti forzati, sono i territori rurali o le periferie semi-rurali, come per esempio Teuchitlan, dove è “apparso” il centro di stermino e addestramento forzato nel ranch Izaguirre. In mezzo alle lande industriali, nei territori di frontiera, nel deserto, sulla costa, sulle montagne la gestione delle rotte, dei campi di coltivazione, del traffico di esseri umani è da decenni in mano a differenti gruppi di potere che si scannano su popolazioni di periferia, spesso indigeni e contadini, che non fanno notizia e, a volte, neanche fanno numero nelle statistiche. Quando la guerra fra i vari attori armati arriva nelle città si rende visibile, “registrabile”, fa scalpore ma spesso l’indignazione evapora nella paura per le rappresaglie e quando la violenza scema localmente in una geografia per intensificarsi in un altra.

Con lo sgretolamento dei grandi cartelli, più o meno stabili fino alla fine degli anni 90, e l’intromissione militare attiva dello Stato messicano come socio del Cartello di Sinaloa (2006) contro tutte le altre organizzazioni criminali, si è arrivati all’esplosiva creazione di centinaia di gruppi armati (240 secondo un’informativa della Secretaria de Gobernación) che a loro volta si diramano in cellule e sotto-gruppi locali, che gestiscono fisicamente in quartieri e villaggi la gestione delle attività illecite come il racket, la prostituzione, i sequestri, la fabbricazione e lo smistamento di armi e droga. La moltiplicazione degli attori armati ha aumentato considerabilemente la frammentazione del territorio, generando una balcanizzazione violenta del Paese, attraversato ampie aree “off limits” o con circolazione ristretta per coprifuoco. Queste numerose strutture/imprese criminali sono affiancate nel lavoro logistico e di controllo del flusso di merci/persone da tutte le forze armate e di sicurezza dello Stato, definite “corrotte” ma in realtà strutturalmente legate all’economia illegale, coinvolte a differenti livelli e divisi in differenti gruppi anche rivali e, quindi, anche in conflitto tra loro. Basta citare che nell’ultima “pulizia” ordinata quest’anno dall’attuale governatore del Chiapas Eduardo Ramirez, nell’affanno di recuperare un’immagine pubblica di decenza e con la necessità di riordinare il flusso di cocaina e migranti nella zona strategica della frontiera sud seguendo interessi di altri gruppi di potere, sono stati arrestati per mafia 270 poliziotti (e almeno tre sindaci) in cinque città differenti della regione, dimostrando implicitamente il livello di cooperazione fatto sistema tra Stato e crimine organizzato. Stato e Crimine che però non bisogna immaginare come due blocchi monolitici contrapposti, ma piuttosto dobbiamo abituarci a vedere e comprendere il panorama messicano come un grandissimo mercato, dove numerose agenzie, punti vendita e succursali, gruppi di pressione, giudici, polítici e burocrati insieme a molti attori armati, in divisa o meno, partecipano, si alleano e lottano a ritmi vertiginosi per assicurarsi una ghiotta percentuale nel controllo delle risorse del Paese (e, solo in parte, del fiume di cocaina che lo attraversa, su richiesta degli Stati Uniti d’America).

L’economia criminale come modo di produzione capitalista

La diffusione dell’economia criminale e della sua organizzazione è una ristrutturazione capitalista del dominio e saccheggio dei territori, un forma di accumulazione che in Messico si mostra con questa specificità che definiamo “guerra di frammentazione territoriale”. In America Latina lo Stato ha costantemente contribuito all’accumulazione (originaria e successiva) di Capitale attraverso le forze armate, con l’aggressione diretta contro chi impediva il saccheggio, spesso i popoli indigeni, gli operai e i contadini. Le classi subalterne nei secoli hanno sviluppato numerose e svariate forme di resistenza, anche armate, aprendo fino a pochi decenni fa un periodo feroce, ma anche formidabile, di lotta guerrigliera contro il potere statale, l’oligarchia e le grandi imprese. In Messico sono numerosissimi i casi di organizzazione della lotta armata, eredi dell’Indipendenza prima e della Rivoluzione poi, entrambe iniziate e portate a termine soprattutto dai contadini, dagli indigeni e successivamente dagli operai. Dopo l’insurrezione zapatista del 1994 e l’ampio consenso globale ottenuto da essa, per il governo messicano reprimere la resistenza popolare con le forze armate ha avuto, e continua ad avere, un costo politico molto alto (ricordiamo per esempio il caso di Ayotzinapa), ragion per cui l’uso delle forze dei sicari come outsorcing della repressione è diventato negli anni un vero e proprio dispositivo per raggiungere dei territori strategici, spopolarli attraverso la politica del terrore implementata dai gruppi criminali, riordinarli secondo la logica economica specifica (impiantare una miniera, un consorzio turistico, un porto, una diga o semplicemente ri-organizzare la forza lavoro e le risorse a favore del gruppo “vincente”). Si è passati dall’uso storico e secolare di mercenari al soldo dello Stato alla creazione di numerose imprese criminali regionali e locali che, indipendenti ma socie dello Stato, gestiscono, controllano e terrorizzano la popolazione per profitto proprio e con finalità condivise con chi governano le istituzioni: l’arricchimento illimitato. La repressione quindi non è più solo contro i guerriglieri e gli attivisti, ma è una forma di governance – flessibile, elastica ma spietata – su tutta la popolazione e sui territori su cui questa vive, lavora e sogna.

Questo dispositivo infernale, oltre a perpetuare la necessità capitalista di cosificazione e valorizazzione di ogni elemento, di ogni territorio e di ogni essere umano, ricopre un ruolo strategico importante nella guerra ideologica: quello di spoliticizzare la lotta di classe, la resistenza contro il saccheggio di ogni spazio vivibile.

L’uso del crimine organizzato, comunemente detto “narco”, come braccio armato del capitalismo permette collocare le vittime nel terreno fangoso del dubbio: l’hanno ammazato perchè lottava o perché magari aveva qualche intrallazzo che non si sapeva? Chi è stato realmente? Non ha la stessa ripercussione nell’opinione pubblica un omicidio realizzato dalla polizia o dall’esercito in uno scontro politico (una manifestazione o in combattimento guerrigliero) che un omicidio, con gli stessi fini, realizzato da sicari legati a un gruppo criminale, durante la “normalità” della vita quotidiana. O a volte neanche la “dignità” terribile dell’omicidio ma la sparizione forzata nel nulla, dove la vittima è inghiottita nel buio da un carnefice invisibile. In questa maniera si perdono più facilmente i connotati di un delitto politico, si “normalizza” l’aggressione facendola scivolare nell’oceano anonimo dei “delitti comuni”, non degni d’attenzione. Allo stesso tempo un omicidio chiaramente politico – così drammaticamente ricorrente nella lunga storia della lotta di classe – scatena effetti e reazioni con responsabilità politiche dirette: “è stato lo Stato!” E la gestione dello Stato, per quanto feroce, può essere messa in discussione, diviene “naturalmente” l’obbiettivo della rabbia popolare, così come storicamente i movimenti sociali hanno denunciato e combattuto la violenza dell’Esercito e della polizia, come bracci armati del potere e in qualche modo “traditori”, come lo Stato, del patto sociale con il popolo, che li mantiene. Quando però la fonte della violenza è un gruppo di imprenditori feroci, senza divisa, senza regole d’ingaggio, senza un’etica e un patto sociale a cui sottostare: come ci si ribella? Contro chi e come si dirige la rabbia sociale? È difficile, nonostante alcune eroiche eccezioni, manifestare, organizzarsi e difendersi contro un nemico senza regole, penetrato nel tessuto sociale e camaleontico, come la mafia.

Domande scomode

Spesso in Italia, tra un’iniziativa di contro-informazione e l’altra, abbiamo ascoltato domande dubbiose: “Ma c’è davvero la guerra in Chiapas? Ma è così proprio in tutto in Messico?” aggiunto magari da un “E’ che io ci sono andato in vacanza e mi sembrava abbastanza tranquillo…”

C’è una tendenza diffusa a minimizzare la portata dell’orrore, della gestione metodica (da campo di sterminio, appunto), istituzionale, sociale e politica del “fenomeno narco”. Da un lato la superficialità dell’analisi del potere, riprodotta dai media mainstream, che al massimo sottolinea solo gli aspetti “folckoristici”, aneddotici e incluso “brillanti” (tipo il Chapo Guzman che apparve nella lista di milionari di Forbes) di molteplici “casi isolati”; e questa è quella che più diffusamente giunge in Europa, una scelta narrativa del potere per distrarre l’attenzione sulle specificità sistemiche del “problema”. Dall’altro lato c’è la normalizzazione che la stessa società fa (che facciamo anche noi che ne denunciamo la barbarie) per sopravvivere: si esce di casa, si va al lavoro o al supermercato, d’un tratto degli spari e… si aspetta, in un riparo improvvisato, che finisca la sparatoria e si riprende poi il tran-tran. O arriva un messaggio della figlia del vicino “scomparsa”, lo si legge con un sospiro, si diffonde nelle chat e si torna alle occupazioni quotidiane, magari sussurrando una preghiera e sperando sommessamente che non tocchi mai a una figlia propria, a un parente, a un amico del cuore. In Messico apparentemente la vita scorre regolare, i bambini vanno a scuola, ogni tanto le chiudono per qualche sparatoria, ma i bambini sanno – come in caso di terremoto – che si devono accovacciare sotto i tavoli o sdraiarsi al suolo, appunto, perché la balacera è vissuta come un’altra catastrofe naturale qualsiasi, interiorizzata e affrontata come tale. Tra la banalizzazione dei media e l’assuefazione alla violenza come istinto di massa di sopravvivenza si getta la polvere (dei corpi carbonizzati) sotto il tappeto della normalità. E così, nonostante certi momenti di indignazione, ribellione e forte protesta popolare (come le mobilitazioni del 2011 del Movimento per la Giustizia con Dignità, quelle del 2014/2015 per i 43 di Ayotzinapa, la creazione di gruppi di “autodifesa” soprattutto nei territori indigeni), siamo giunti a mezzo milione di persone assassinate, oltre 120.000 desaparecidos e alla scoperta dei centri di sterminio in questa grande fossa comune chiamata Messico.

La gravità dei crimini riscontrabili nel ranch di Teuchitlán, perquisito dalle forze dell’ordine nel 2017 e poi nel settembre del 2024 che “non avevano notato la presenza di forni e altri dettagli”, mette a nudo nuovamente la rete di complicità fitte fra il crimine e lo Stato messicano. La gestione di un centro di addestramento ed eliminazione fisica dei corpi a questo livello può funzionare solo d’accordo con il silenzio – e possibilmente l’appoggio diretto – delle istituzioni politiche e di procurazione della giustizia. Un genocidio, un crimine di lesa umanità veniva perpetrato alle porte dalla seconda città più importante del Messico, dove la gente veniva adescata nelle stazioni dei pullman, portata lì, vessata fisicamente e sessualmente, istigata a uccidere e – chi sopravviveva all’inferno – obbligata a farsi sicario, trasformarsi in macchina di morte per la produzione e l’accumulazione di ricchezza del CJNG. Tutte le altre persone torturate atrocemente e poi bruciate, spazzate via come immondizia. Fumo.

Le domande che ne seguono sono terribili: quanti altri centri di sterminio simili stanno funzionando e sono tollerati in altri posti del Messico? Fino a quando volteremo lo sguardo altrove, permettendo alle imprese, ai governi e al loro braccio armato di disporre così atrocemente dei nostri corpi, del nostro futuro? Fino a quando accetteremo di vivere con la paura e il terrore nell’anima?

E per chi vive dall’altra parte dell’oceano: Fino a quando le serie sul narco e il turismo inconsapevole frivolizzeranno le nostre conversazioni sul Messico?

Fino a quando penseremo che quelle “due strisce” date il sabato sera non ci fanno complici del lato più feroce del capitalismo?

Fino a quando resteremo indifferenti?

Fino a quando ci assolveremo?

Nodo Solidale

#NarcoEsDespojo #NarcoEsCapitalismo #NarcoEsElEstado

SUL CAMPO DI CONCENTRAMENTO E STERMINIO IN JALISCO. IL RANCH IZAGUIRRE a Teuchitlán

Pubblichiamo la traduzione di un documento di Nodo de Derechos Humanos in merito al rinvenimento del campo di addestramento, tortura e sterminio nel ranch Izaguirre a Teuchitlán nello stato di Jalisco.

SUL CAMPO DI CONCENTRAMENTO
E STERMINIO IN JALISCO.

Nodo de Derechos Humanos, 12 marzo 2025


Il ritrovamento del campo di sterminio nel ranch Izaguirre a Teuchitlán, Jalisco, lo scorso 5 marzo 2025, è un esempio della crudeltà e dell’atrocità normalizzata, istituzionalizzata e coperta in Messico. Le immagini e le testimonianze possono essere paragonate solo alle peggiori storie di genocidi nel mondo.

La descrizione degli atti brutali e disumani eseguiti per almeno tredici anni in quel luogo rivela una lunga lista di crimini perpetrati in modo sistematico e quotidiano. La negligenza delle autorità di Jalisco e federali dimostra qualcosa di più di una semplice omissione. Il ranch era già stato identificato dalle autorità nel 2017 in seguito alla testimonianza di un sopravvissuto. Nel settembre 2024, agenti della Guardia Nazionale hanno condotto un’operazione a Teuchitlán, arrestando dieci uomini armati con armi d’uso esclusivo dell’esercito. In nessuno di questi due momenti è stata avviata un’indagine da parte della Procura di Jalisco né da quella Generale della Repubblica. Persino dopo gli ultimi ritrovamenti nel campo di sterminio, la Procura dello Stato di Jalisco non ha fornito alcun rapporto ufficiale, il che è estremamente grave e finisce per implicare direttamente le autorità in questa lunga catena di esecuzione di crimini gravi e inumani.

Per la gravità dei crimini commessi nel ranch Izaguirre, siamo di fronte a vari tipi di genocidio e di crimini contro l’umanità. L’intento non è stato quello di commettere un genocidio fine a sé stesso, ma di lucrare, sfruttare, abusare, sottomettere, controllare e degradare i corpi con fini economici e di potere.

Siamo di fronte a un “genocidio tramite sterminio”, poiché sono state uccise più di una o due persone. È presumibile, dai racconti dei sopravvissuti e dalle caratteristiche dei crematori ritrovati, che le persone giustiziate siano state migliaia. Gli indizi rivelati dai video di Guerreros Buscadores mostrano che queste esecuzioni sono state perpetrate nelle forme più atroci. I probabili esecutori diretti (in questo caso il Cartello Jalisco Nueva Generación) hanno deliberatamente tolto la vita a queste persone per scopi economici e per rafforzare la loro struttura paramilitare.

Siamo di fronte a un “genocidio tramite sottomissione intenzionale a condizioni di esistenza che portano alla distruzione fisica”, poiché per raggiungere i propri obiettivi il cartello ha deciso di sfruttare migliaia di persone nelle condizioni più violente e precarie, per poi sterminarle in modo sistematico per almeno tredici anni.

Siamo di fronte a un “genocidio tramite trasferimento forzato di minori”, poiché secondo le testimonianze dei sopravvissuti, bambine sono state rapite e portate nel ranch per subire abusi e violenze sessuali da parte dei responsabili dell’operazione, prima di essere assassinate. Questi trasferimenti erano deliberatamente mirati a bambine di specifiche fasce d’età.

Siamo di fronte a un “genocidio tramite lesioni gravi all’integrità fisica e mentale delle persone”, non solo delle vittime giustiziate, ma di un’intera popolazione, poiché il danno emotivo si estende a tutte le famiglie e alle persone vicine alle vittime assassinate.

Siamo di fronte a “crimini di lesa umanità”, tra i più gravi e di rilevanza per la comunità internazionale nel suo insieme. Ciò deve portare a un’indagine approfondita e a una responsabilità penale individuale e strutturale. Il campo di concentramento e sterminio di Jalisco mette in evidenza una pratica generalizzata e sistematica contro la popolazione civile. È altamente probabile che autorità statali e federali, attraverso almeno tre amministrazioni presidenziali, fossero a conoscenza di questi crimini.

Siamo di fronte a un “crimine di lesa umanità per omicidio”, di “lesa umanità per schiavitù”, davanti a un “crimine di lesa umanità per trasferimento forzato di popolazione”, di “lesa umanità per privazione grave della libertà”, di “lesa umanità per tortura”, “per stupro”, per schiavitù sessuale”, di fronte a “crimini di lesa umanità per sparizione forzata di persone”.

Tutti questi crimini sono inclusi nello Statuto di Roma, ma in questo caso non sono stati commessi per motivi di razza, etnia, religione o nazionalità, bensì per motivi di classe e genere (uomini e donne in cerca di lavoro e bambine). Il fine dello sterminio sistematico è stato quello di coprire uno sfruttamento estremo a beneficio di un’impresa illegale e soddisfare un sadismo senza limiti. Le vittime erano per lo più giovani tra i 20 e i 25 anni in cerca di lavoro, e altre erano bambine.

La tragica realtà del Messico, con un indice di impunità del 99%, le cifre delle atrocità e la configurazione di uno Stato criminale ci pongono di fronte a un bivio. Le vie legali sono inutilizzabili, perché lo Stato, funzionando attraverso reti clientelari e di impunità, non giudicherà sé stesso.

Mentre guardiamo con orrore il campo di concentramento e sterminio in Jalisco, probabilmente molti altri sono ancora attivi o in fase di installazione in tutto il Messico, sotto la protezione delle autorità locali, statali e federali. Lo sappiamo perché questa guerra dura dal 2006, perché atrocità di questo tipo sono diventate quotidiane da 19 anni.

Il terribile caso di Teuchitlán rivela una verità brutale: ecco dove finiscono i desaparecidos in Messico. Ci permette di percepire la crudeltà che ha portato a quei crematori, alimentata dal sadismo paramilitare dei cartelli e dall’avidità inumana e codarda di governanti e imprenditori, sia legali che illegali. Non esiste uno Stato in Messico senza sparizioni. Il sottosuolo di tutto il Paese è una gigantesca fossa comune.

È inevitabile che, nominando Teuchitlán, pensiamo a un genocidio che coinvolge autorità municipali, statali e federali. È difficile immaginare che i governatori di Jalisco degli ultimi dodici anni non sapessero di ciò che accadeva, ed è scandaloso che non abbiano avviato alcuna indagine. La risposta del governo di Claudia Sheinbaum è stata così debole da sembrare un insabbiamento.

L’orrore del campo di concentramento e sterminio nel ranch Izaguirre esige una risposta chiara e decisa da parte della società messicana e del mondo. Tuttavia, questa risposta rischia di seguire le vie dell’opportunismo politico e della costruzione di “verità storiche” che puniscono capri espiatori per mantenere impuniti i veri responsabili strutturali.

La risposta non può essere aprire la porta all’interventismo degli Stati Uniti con la scusa del terrorismo, poiché proprio gli Stati Uniti sono in gran parte responsabili del costante flusso di armi ai cartelli e della trasmissione di tattiche brutali simili a quelle promosse dalla Escuela de las Américas e dai suoi successori.

La risposta non può essere trasformare ancora una volta queste atrocità in strumento di propaganda elettorale, né usare l’alibi di un’opposizione opportunista per puntare all’oblio e all’impunità, come è successo ripetutamente con il caso Ayotzinapa e molti altri.

Non possiamo permettere che la questione venga minimizzata con una procura speciale, trattata come un caso emblematico per poi essere archiviata come un episodio isolato. È necessaria un’indagine sistemica e urgente, perché ciò che l’inferno di Teuchitlán rende evidente è che la codardia, il sadismo e l’avidità dei cartelli non hanno limiti, e coloro che dovrebbero combatterli sono spesso loro complici.

A partire dal 5 marzo 2025, tutti i sindaci, governatori e presidenti degli ultimi 19 anni devono essere considerati sospettati di genocidio e crimini contro l’umanità, perché lo sono.

Ma chi può indagare e punire coloro che, dallo Stato, sono stati o sono complici di questo genocidio quotidiano, se sono proprio loro a detenere il potere? Non poter rispondere con certezza a questa domanda è tragico. È sconvolgente che né le autorità di Jalisco nel 2017 né la Guardia Nazionale nel settembre scorso abbiano scoperto e avviato un’indagine su questo campo di sterminio. A farlo è stato il collettivo Guerreros Buscadores, ancora una volta la gente che, di fronte alla negligenza dello Stato, organizza il proprio dolore e il proprio coraggio per affrontare i mostri più brutali.

È chiaro, ancora una volta, che dove la crudeltà massacra e lo Stato seppellisce, le famiglie cercatrici trovano.

Dobbiamo avere ben chiaro che, se vogliamo sopravvivere e impedire che la crudeltà e l’orrore occupino ogni angolo del nostro Paese e della nostra quotidianità, non possiamo permettere di superare un altro limite verso il terrore e la normalizzazione della violenza.

Al di là della lotta politica tra potenti, questo deve essere un punto di svolta per tutto il Messico. Non possiamo continuare a ingoiare menzogne che costano vite, non possiamo smettere di denunciare coloro che usano lo Stato per arricchirsi e sono complici della trasformazione del Messico in un campo di sterminio.

È urgente gridare con forza e impegno:

¡Teuchitlán NUNCA MÁS!

Teuchitlán MAI PIÙ!

Nodo de Derechos Humanos
www.nodho.net

GIUSTIZIA PER SAMIR FLORES SOBERANES! 6 ANNI DI IMPUNITÀ

Questo 20 febbraio si compiono 6 anni dal vile assassinio del nostro compagno Samir Flores Soberanes. Sei anni nella totale impunità di un governo che funge da mano armata per il grande capitale. Samir è stato ucciso da 4 colpi di pistola davanti a casa sua ad Amilcingo, nello stato messicano del Morelos, perché difendeva la terra dalla devastazione dei grandi progetti. I nomi di coloro che lo hanno assassinato non li conosciamo ancora, ma sappiamo bene a che interessi rispondevano.

Vi invitiamo questo 20 febbraio alle 12.00 di fronte all’ambasciata messicana a Roma (Via Lazzaro Spallanzani 16) per esigere, dopo sei anni, con la stessa forza, giustizia per Samir! Giustizia per chi difende la terra! Continua la lettura di GIUSTIZIA PER SAMIR FLORES SOBERANES! 6 ANNI DI IMPUNITÀ

Honduras: el Estado contra ellas

da Radio BlackOut

HONDURAS: EL ESTADO CONTRA ELLAS

CARCERE, MILITARIZZAZIONE E IMPUNITÀ NELLO STATO D’ECCEZIONE

Il 20 giugno 2023 ci fu un massacro nell’allora unico centro penitenziario femminile dell’Honduras, il PNFAS (Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social). 46 donne detenute con accuse relative all’affiliazione alla Mara Salvatrucha, la MS-13, furono brutalmente assassinate da altre donne appartenenti alla Pandilla Barrio 18. Le maras e le pandillas rappresentano il fenomeno predominante della criminalità organizzata in Centro America.
Quella del giugno 2023 è stata la più grande strage mai avvenuta in una prigione femminile nel Paese. Diverse denunce delle sopravvissute indicano che si sarebbe potuta evitare: molte detenute avevano segnalato ripetuti episodi di minacce e avevano chiesto di essere trasferite in altre strutture. Le armi utilizzate nel massacro sembrano provenire dalle forze di polizia, che in quel periodo gestivano la struttura carceraria, così come riportato nel documentario El País Carcel, frutto del lavoro d’inchiesta delle giornaliste di Contracorriente. Perché si è permesso che un simile massacro avvenisse? È la domanda che guida l’inchiesta e il documentario. L’Honduras già all’epoca si trovava in stato d’eccezione, emanato nel novembre 2022 per la lotta a maras e pandillas, e in particolare alle estorsioni. Con lo stato d’eccezione, ancora oggi in vigore, le forze di polizia e i militari hanno ottenuto ampi poteri per compiere arresti senza necessità di mandato, controllare i movimenti delle persone e intervenire con maggiore forza nelle aree sotto il loro controllo.
Dopo il massacro, la gestione delle carceri è stata affidata nuovamente ai militari. Nel frattempo il governo ha avviato una campagna mediatica con la promessa della costruzione di un megacarcere sull’isola del Cisne, nel nord del Paese. Questa appare più che altro come una mossa propagandistica, quello che potremmo definire populismo penale, nel solco della straordinaria popolarità di cui gode Nayib Bukele, attuale presidente del Salvador, dopo aver adottato politiche di tolleranza zero per la lotta a maras e pandillas. Negli ultimi 3 anni nel Salvador sono state arrestate oltre 80 mila persone, giovani e giovanissimi accusati di essere affiliati alle bande. Hanno fatto il giro del mondo le foto dei trasferimenti al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), mega-carcere destinato a ospitare più di 40 mila persone.

In questa intervista con Jennifer Ávila, autrice del documentario e giornalista di Contracorriente, si affrontano tutti questi temi, con un focus particolare sul caso honduregno. Ciò che emerge è che la strage del giugno 2023 è il riflesso delle trattative tra lo Stato e la criminalità organizzata.

Ancora una volta, la guerra è stata combattuta sui corpi delle donne.

Come affermano le compagne:

No fueron unas contra otras, fue el Estado contra ellas.

Non si è trattato di uno scontro tra bande, ma del più grande femminicidio di Stato mai avvenuto nel Paese.