Proponemos este informe redactado inicialmente en italiano, francés y alemán con el propósito de darle difusión en Europa, por lo mismo puede que algunos párrafos que resumen el contexto sociopolítico de México se perciban como redundantes para el lector mexican@, aun así, decidimos mantenerlos para que otrxs lectorxs hispanohablantes puedan tener acceso a más información.
INFORME DE LA BRIGADA INTERNACIONALISTA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE «PLAYA SALCHI»
Introducción
Los días 25, 26 y 27 de marzo de 2026 un grupo de compañerxs del Nodo Solidale, del Colectivo Zapatista de Lugano, del SOA Il Molino y otras personas solidarias de Italia y Suiza llevamos a cabo una brigada internacionalista de solidaridad con la lucha contra la privatización de la «playa de Salchi», en la costa de Oaxaca, México.
Los colectivos mencionados fuimos invitados por el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) — una organización popular, presente en más de 25 comunidades de la región que desde 1998 lucha por la defensa del territorio — a conocer el caso emblemático de despojo y especulación de las tierras que perjudican al compañero campesino Miguel Sánchez Hernández. Durante los tres días de intercambio de conocimientos, talleres, juegos con las infancias y prácticas de lucha, se realizaron varias entrevistas con las personas involucradas en esta lucha en defensa del territorio, cuya síntesis se presenta en este informe y en un vídeo que se publicará próximamente.
Contexto sobre la «cuestión de la tierra» en México
En México, como resultado de las luchas seculares, las guerras campesinas y las revoluciones, existe un sistema de propiedad de la tierra que reconoce, además de la propiedad pública y privada, también la propiedad social (por lo tanto, colectiva) de las tierras. Una realidad que abarca más de la mitad del territorio nacional. Concretamente, a partir de la revolución de Emiliano Zapata y Francisco Villa, se consagró en la Constitución de 1917 la inalienabilidad de la tierra y su redistribución en núcleos agrarios conocidos como ejidos y tierras comunales. Redistribución que tuvo lugar a partir de finales de los años 30 y que se prolongó hasta 1992, año en el que mediante una reforma constitucional se sancionó la vendibilidad parcial de las tierras ejidales. Los ejidos fueron asignados por decreto presidencial, mientras que las tierras comunales se asignaron sobre la base del reconocimiento de las tierras «ancestrales», definidas por los documentos y acuerdos firmados entre los pueblos indígenas y la Corona Española durante la época colonial.
En general, el uso de estas tierras colectivas es gestionado por la asamblea de los ejidatarios o comuneros, como máxima autoridad local, dentro del marco legal de la Reforma Agraria. Son tierras que pueden heredarse de padres a hijos o intercambiarse dentro del núcleo agrario, pero que no pueden revenderse fuera del mismo (salvo excepciones específicas). Este sistema de gestión de las tierras representa una verdadera forma de poder comunitario, campesino y a menudo indígena, en la que se ancla el llamado sistema de «usos y costumbres».
En México, las tierras colectivas, al menos formalmente, se extienden sobre unos 100 millones de hectáreas, gestionadas por más de 30 000 núcleos agrarios. Este sistema ha sido constantemente erosionado por leyes, decretos e intentos de reformas constitucionales y, de hecho, por prácticas favorecidas por las grandes empresas y los consorcios económicos y políticos nacionales, todos interesados en reducir el espacio de autonomía del campesinado y los pueblos indígenas del país. Toda esta tierra «legalmente sustraída» al mercado capitalista resulta, de hecho, muy atractiva para múltiples actores económicos y políticos.
En los últimos años, el crimen organizado ha participado en el saqueo constante contra los pueblos indígenas y los campesinos, interviniendo como brazo armado tanto en los territorios donde se han llevado a cabo los mega-proyectos promovidos por el gobierno (como el Corredor Transístmico y el Tren Maya), como a nivel local asociándose con cualquier empresario o político que tenga en juego jugosas ganancias sobre parcelas de tierra colectivas.
Es importante mencionar que en México, en los últimos 20 años, han sido asesinadas más de 500 000 personas y unas 134 000 figuran como «desaparecidas». El país vive una guerra de fragmentación territorial: una guerra civil «anómala», intermitente, asimétrica, dispersa pero profundamente violenta; todo esto conforma un complejo sistema de expoliación a varios niveles que cada día ataca, reduce y malvende las tierras colectivas y se ensaña contra quienes las defienden.
El caso de la playa de Salchi es un ejemplo entre miles de otros, a lo largo de todas las costas de México.
Breve historia del robo de tierras en Salchi
Playa Salchi forma parte del conjunto de tierras comunales de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. Tierras que con la creación del complejo turístico de Bahías de Huatulco a principios de los años 90 sufrieron una privatización rápida e ilegal. El mecanismo más utilizado fue la compraventa de terrenos mediante la emisión de documentos fraudulentos firmados por el comisario de turno de los bienes comunales. El comisario es la figura elegida por la asamblea de los comuneros que debería proteger y gestionar las tierras colectivas, pero a menudo se convierte precisamente en la autoridad agraria local más fácilmente corruptible por parte de los intereses privatizadores (o eliminable por estos cuando, por el contrario, se niega a entrar en el negocio). Muy a menudo, los comisarios de los bienes comunales se convierten así en los principales cómplices de los empresarios: reciben de ellos un soborno o una comisión por las tierras cedidas, a pesar de que los títulos de propiedad emitidos no tengan ningún valor formal ante el Tribunal Agrario y el Catastro, es decir,estas instituciones que inmersas en el mismo sistema de corrupción generalizada se vuelven eternamente ciegas ante estas irregularidades crónicas.
La mayoría de las villas que los ricos lucen en las costas de México se han construido con estos permisos falsificados y sobre tierras comunales indígenas o campesinas.
La bahía de la playa de Salchi es la salida al Pacífico de una parcela de 28 hectáreas de tierra comunal asignada a Miguel Sánchez Hernández, un campesino de 87 años, que la ha cuidado desde que la heredó, para uso agrícola, de su abuelo adoptivo. Desde los primeros intentos de privatización, Don Miguel se ha negado a ceder las tierras que le fueron asignadas para la construcción de zonas turísticas. Pero su negativa como propietario formal ha sido totalmente insuficiente para impedir su privatización.
En el año 2000, David Ortega del Valle le propuso vender 10 hectáreas de terreno «frente al mar» a un consorcio inmobiliario canadiense, con la promesa inicial de un pago por los terrenos. Acuerdo que al día de hoy no se ha cumplido. En esta zona, en los últimos años hasta 2025, se han construido 42 viviendas con «vistas al mar», ocupadas estacionalmente en su mayoría por jubilados canadienses. A lo largo de los años, Miguel Sánchez ha intentado recuperar las tierras con el apoyo de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el CODEDI, que históricamente organiza comités locales en la región para la defensa de los derechos indígenas y se moviliza promoviendo la resistencia contra los proyectos capitalistas y extractivistas en los territorios indígenas, especialmente en la Costa y la Sierra Sur de Oaxaca.
En 2017, el CODEDI y otras organizaciones locales aliadas comenzaron a trabajar cíclicamente las aproximadamente 14 hectáreas de tierras que habían quedado libres de la turistificación, cultivando maíz, calabacitas y frijoles, así como otros alimentos destinados a las familias de las comunidades de la organización.
En julio de 2018, el coordinador local del CODEDI, Abraham Hernández González, fue secuestrado cerca de la playa y posteriormente asesinado: su cuerpo fue hallado en la localidad cercana de Cuatunalco. Las circunstancias del asesinato nunca se investigaron y al día de hoy los responsables gozan de total impunidad. Este dramático suceso agravó el conflicto por las tierras de Salchi y puso de manifiesto la complicidad del crimen organizado con los empresarios implicados. «Desde agosto de 2020 —cuenta Miguel Sánchez— he sido objeto de repetidos intentos de despojo de las tierras y de mi vivienda, con personas encapuchadas y armadas que me vigilan y realizan rondas continuas». De hecho don Miguel denuncia, durante una Caravana de Observación de los Derechos Humanos en septiembre de 2025, que un día llegaron 8 furgonetas con personas armadas en la y en esa ocasión fue secuestrado, amenazado de muerte, agredido con empujones, obscenidades y burlas de diversa índole, lo que comprometió su estado de salud hasta el punto de tener que ser operado de urgencia.
Se tiene constancia de al menos otras dos acciones de intimidación ocurridas durante el desarrollo de actividades públicas:
– El 7 de junio de 2025 se celebró el «Foro en defensa de la tierra y los derechos agrarios de los campesinos de la costa», con la participación de 17 organizaciones que denunciaron el intento de despojo en Playa Salchi. Durante el evento, 16 personas armadas vinculadas al «Cartel del Despojo» irrumpieron en los terrenos de Miguel Sánchez, amenazando su vida para imponer otro proyecto turístico.
– El 29 de enero de 2026, un grupo de civiles, entre los que se encontraba el colombiano Arturo Peralta (responsable del proyecto inmobiliario del mencionado consorcio canadiense), irrumpió en las tierras de Miguel Sánchez, las que aún no están invadidas por la turistificación, con excavadoras y maquinaria pesada, acompañado de tres patrullas de la policía estatal. Durante la agresión, las excavadoras, escoltadas por las fuerzas de seguridad y por algunos civiles armados, demolieron por completo algunas casitas y construcciones dispersas en los terrenos agrícolas, utilizadas también por otros campesinos que suelen acudir a ayudar a don Miguel a trabajar la tierra. Armas en mano, se repitieron los insultos y las amenazas contra el anciano campesino y las demás personas presentes. La participación de la policía estatal, en evidente defensa de una agresión ilegítima e ilegal y al lado de civiles armados no identificados, pone aún más de manifiesto la complicidad de las instituciones con la actuación criminal del «Cartel del Despojo».
Como internacionalistas, no podemos dejar de señalar la escalofriante similitud de este último hecho con las excavadoras del ejército israelí en Palestina que, en nombre de las retorcidas leyes del «colonialismo de asentamiento», fortifican las zonas privatizadas por los colonos «blancos» y demuelen, armas en mano y con violencia, las casas de los nativos, los campesinos y los pastores de la zona. Lo cual nos reitera cómo el capitalismo despliega en diferentes geografías los mismos dispositivos coloniales y racistas de discriminación, limpieza étnica, expropiación y criminalización.
El «Cartel del Despojo»
Don Miguel, los compañeros y compañeras del CODEDI y de otras organizaciones aliadas, reunidos en defensa de la playa de Salchi, señalan que existe un grupo de personas, entre las que se encuentran algunos funcionarios de Morena (partido en el poder tanto a nivel estatal como federal) que —en contubernio con los comisarios de los bienes comunales, las autoridades del tribunal agrario, con las fuerzas del orden y el crimen organizado— se enriquecen orquestando las privatizaciones de las playas y de los terrenos comunales en la costa de Oaxaca.
Junto con el caso de Salchi, también se han dado a conocer los casos de la cercana playa de El Coyote y de la playa de El Coyul (varios kilómetros más al sur). Este grupo de personas, bautizado como el «Cartel del Despojo», aplica en todas partes el mismo modus operandi: envía gente armada para intimidar y desalojar a los campesinos con amenazas y violencia; se apropia de las tierras simulando legalidad mediante documentos emitidos por autoridades agrarias corruptas; revende a consorcios inmobiliarios extranjeros especulando con cada metro de tierra robada (una parcela de 200 m², sustraída con engaño y violencia, se revende entre 50 000 y 100 000 euros —entre 1 y 2 millones de pesos mexicanos). Para que después los consorcios de desarrollo inmobiliario revendan a su vez, a precios estratosféricos, las «casitas frente al mar» en el mercado de sus países de origen (a menudo EE. UU., Canadá, la Unión Europea, pero también Arabia Saudí y Rusia), facturando en dólares. El flujo de dinero generado por esta especulación es inmenso y solo beneficia a quienes ya son ricos: funcionarios, empresarios y mafiosos.
El resultado de toda esta operación mafiosa no es más que una gentrificación de las playas basada en un modelo extractivista que, reiteran los interlocutores, solo puede funcionar con el apoyo cómplice de las instituciones, cuyas operaciones irregulares se ven lubricadas por sustanciales sobornos.
Los actores locales y nacionales de este «cartel», señalados como principales beneficiarios del robo de tierras, son los diputados federales Alejandro Avilés Álvarez (del Partido Verde Ecologista de México, pero afiliado a Morena) y Juan Hugo de la Rosa (Morena), el asistente jurídico Orlando Acevedo (del PRI), el ex comisionado de bienes comunales de Pochutla Jesús «Chucho» Reyes, David Ortega del Valle (director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca), el político local Alfonso Esparza, el empresario Israel Carreño Morales (despojador de playa El Coyote )y el contable Sergio Castro López. Así, el grupo opera con impunidad gracias a la protección de elementos de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y con la participación tanto de los partidos de la mayoría como de la oposición.
La costa lava más blanco: expoliación y lavado de dinero (*)
(* Este capítulo es un extracto de un artículo de Kino Balu https://elgirodelarueda.net/despojo-playa-salchi-castro-lopez-oaxaca/)
El conflicto de Playa Salchi es en cierto modo el emblema de la ofensiva de expropiación territorial y mercantilización del litoral de Oaxaca: un auténtico campo de experimentación. Aquí se entrelazan la histórica criminalidad financiera de personajes como Sergio Castro López (un contable de origen humilde que ascendió en las jerarquías hasta convertirse en un blanqueador de miles de millones, mediante el perfeccionamiento de esos «esquemas fiscales agresivos» que han permitido a gobernadores y empresas evadir ampliamente sus obligaciones fiscales. Su empresa —Inteligencia de Negocios— ha funcionado como centro operativo para redes de 150 testaferros, moviendo más de 100 000 millones de pesos en operaciones de blanqueo), con la de operadores políticos locales, protegidos por el nombre de partidos como Morena y Verde Ecologista y respaldados por la «Cuarta Transformación» en el Gobierno y sus centros de interés.
Este fenómeno revela un patrón: los proyectos hoteleros en terrenos expropiados no son sólo operaciones inmobiliarias, sino también mecanismos de lavado de dinero. Los hoteles permiten justificar enormes flujos financieros, al tiempo que generan activos inmobiliarios en territorios estratégicos. La costa de Oaxaca, con su potencial turístico y su debilidad institucional, ofrece las condiciones ideales para esta simbiosis entre la expropiación territorial y el lavado de dinero. El gobierno no solo tolera estas operaciones, sino que las integra orgánicamente en su propio proyecto político, demostrando que la llamada «Cuarta Transformación» puede convivir tranquilamente con las formas más sofisticadas de la criminalidad capitalista.
Un modelo de expoliación integral, en el que la apropiación del territorio se entrelaza con el control político, el lavado de dinero y la cooptación institucional para crear enclaves de total impunidad, y que opera a través de varias fases: en primer lugar, la identificación de territorios estratégicos con comunidades institucionalmente debilitadas; en segundo lugar, la construcción de alianzas con actores políticos locales; en tercer lugar, el desarrollo de proyectos inmobiliarios que justifican el blanqueo de capitales; en cuarto lugar, la neutralización de las resistencias mediante la cooptación o la criminalización de los opositores.
Don Miguel Sánchez, con sus 87 años y más de sesenta años de trabajo en esas tierras, encarna todo lo que este modelo pretende eliminar: la memoria histórica, los derechos territoriales ancestrales y la resistencia campesina.
Su despojo no es casual: es metódico.
La resistencia y las alianzas
Don Miguel Sánchez Hernández no está solo. Cuenta con el apoyo del CODEDI y de las organizaciones sociales de la izquierda anticapitalista del FORO (Frente de Organizaciones de Oaxaca), así como de otros aliados estratégicos que han logrado convertir este caso en un ejemplo de resistencia y no de despojo silencioso, como lamentablemente ha ocurrido en muchos, demasiados, casos similares en la misma costa de Oaxaca, así como en otras partes de México.
Como ya se ha dicho, en junio de 2025, entre las dunas disputadas de la playa de Salchi, se reunieron 14 organizaciones locales, que a su vez convocaron la Misión de Observancia de los Derechos Humanos (Misión de Observación de los Derechos Humanos), llevada a cabo los días 12 y 13 de julio de 2025, la cual redactó un informe detallado sobre la violación de los derechos humanos en las playas de Salchi y El Coyote. La misión reunió a 17 organizaciones de la sociedad civil, a los representantes legales del sindicato de docentes de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca, así como a ciudadanos y abogados de la sociedad civil pertenecientes a organizaciones sociales, todas ellas con una larga experiencia en la defensa de los derechos humanos y colectivos en el estado de Oaxaca.
Las siguientes organizaciones han estado y están presentes en la vigilancia constante del territorio y de la situación: CODEDI, CODEPO (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca), 14 DE JUNIO, CCCP (Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias), COCISS (Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur), APIIDTT (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio), la ONG EDUCA, MIUCO (Mujeres Indígenas y Afros Unidas por el Bien de la Costa Oaxaqueña), FPR (Frente Popular Revolucionario), FIZ (Frente Indígena Zapoteco), la Asamblea de la Comunidad Indígena Puente Madera, la Asamblea de la Comunidad Indígena El Coyul y la Cooperativa Cimarronez.
Además, a lo largo de los años, el CODEDI ha construido una red de colaboraciones y alianzas nacionales e internacionales con otras organizaciones indígenas, alguna de ellas vinculadas al Congreso Nacional Indígena (CNI), y con colectivos europeos que apoyan el zapatismo, como los que han participado en la elaboración del presente informe. Gracias a estos contactos se ha dado vida a una visita informativa y solidaria de una brigada de activistas italian@s a finales de julio de 2025 y a la actual Brigada Internacionalista de finales de marzo de 2026.
Los colectivos implicados se han comprometido a seguir vigilando, incluso a distancia, la situación de apropiación indebida y de posible represión de la resistencia en las tierras de Miguel Sánchez Hernández.
El uso autogestionado de los espacios y los campos
Las 14 hectáreas de tierra que aún resisten el avance de la colonización inmobiliaria y turística se cultivan cíclicamente con maíz, frijoles, calabacitas, papaya y otras frutas de temporada. Los compañeros y compañeras del CODEDI organizan «tequios» con los comités locales de su organización para demostrar un uso sano, alternativo, ecológico y autogestionado de los campos, en antítesis al modelo extractivista de los consorcios inmobiliarios.
En Playa Salchi, estos dos modelos en completa oposición se enfrentan física y políticamente.
El CODEDI proviene de una larga tradición de procesos autogestivos, partiendo de la experiencia en el 2006 de la insurrección y de la Comuna de Oaxaca, y en cierta medida se ha inspirado en los caminos autónomos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del CIDECI en Chiapas y de los demás pueblos indígenas del CNI. Con este impulso, en 2013 creó un Centro de Formación en la Ex Finca Alemania (Sierra Sur) donde niños y jóvenes de sus propias comunidades y aldeas pueden estudiar y aprender diversas artes y oficios, a través de un proceso pedagógico empírico y autónomo. Este modelo libertario de «escuela viva» se traslada periódicamente a Salchi, donde se organizan talleres para niñxs y adolescentes que se llevan a cabo en los espacios de un gran y moderno hotel ilegal, construido sin ningún permiso a pocos metros de la playa y recuperado posteriormente por quienes defienden el territorio.
En los primeros meses de 2026, por ejemplo, se celebraron varios encuentros y talleres para la infancia en Playa Salchi, que trataron temas como la biología marina, la comida sana frente a la comida basura, la medicina natural y la historia oral, ofreciendo un espacio a los cuentacuentos. Los talleres suelen ser impartidos por colectivos solidarios que se dedican a los temas mencionados y están dirigidos principalmente a los alumnos y alumnas de la escuelita autónoma de Finca Alemania y a las infancias en general presentes en Salchi.
Partiendo de experiencias, sobre todo urbanas, de autogestión y autonomía, los colectivos y las personas que participamos en la Brigada Internacionalista consideramos esta forma —la autogestión colectiva de los espacios y las tierras— como uno de los elementos fundamentales y decisivos para la construcción de otros mundos posibles. De hecho, como nos enseña la historia de las numerosas experiencias de lucha mexicanas, la creación de la autonomía y de formas autónomas de vida son un camino que hay que recorrer e intensificar con determinación y constancia como formas de gestión colectiva de cuerpos, mentes y territorios.
En este contexto, y para crear formas de lucha y de unión que se opongan a las dinámicas de despojo y saqueo de los territorios, la propuesta del CODEDI se convierte en un elemento fundamental de construcción y de oposición.
La creación de un futuro «Centro Comunitario de Formación» dedicado a la infancia y a los jóvenes, en las mismas tierras que el sistema capitalista está tratando de arrebatar a las poblaciones locales, es una visión particularmente insolente y combativa, en un panorama global cada vez más complaciente y resignado, que se posiciona claramente y elige de qué lado estar.
Por lo tanto, nos resulta esencial resaltar la voluntad de intensificar y dedicarse a una labor de atención, cuidado y formación específica hacia las jóvenes generaciones, y la de mantener la construcción práctica y real de alternativas colectivas autónomas, que permiten visualizar y realizar laboratorios efectivos de contrapoder frente al capitalismo. Prácticas que proponen al mismo tiempo formas o focos de resistencia a la dominación cada vez más totalitaria de la unión indisoluble entre capital, mafia y Estado. Situación que —dada también la precariedad o la ausencia total de una salida laboral, de emancipación y de autodeterminación— muchísimas personas, en particular jóvenes, pobres y mujeres, en los últimos años, no han tenido otra opción posible que la de incorporarse a la mano de obra precaria relegada a las maquilas, a los trabajos mal remunerados y explotados en México o en Estados Unidos, a la prostitución y a la venta de su propio cuerpo o, en última instancia, alistarse como mano de obra para el crimen organizado.
Recuperar un territorio en el que al mismo tiempo se autoproduce el propio sustento, mediante el cultivo de alimentos básicos que pueden generar también autosuficiencia económica, se convierte en una forma de «barricada social, política y cultural» frente al avance del sistema criminal/mafioso del Estado y de los principales intereses económicos, privados o estatales. En un sistema que hace de la guerra su doctrina y su imposición del mundo, el esfuerzo en curso para contrarrestarlo con prácticas colectivas, autogestionadas y autónomas se convierte, por tanto, no solo en un NO a la privatización-despojo, sino también en un SÍ a otro mundo posible.
Conclusión: la turistificación como instrumento colonial de expoliación
Para el anciano campesino Miguel Sánchez Hernández y los habitantes de Playa Salchi y sus alrededores, la agricultura, al igual que la pesca en los ríos y en el mar, constituye una de las principales actividades y una fuente fundamental de sustento para las familias. Estas prácticas económicas y tradicionales han sufrido grandes transformaciones en los últimos años, debido a una lógica que pretende instaurar en esta región el «desarrollo» a través de un turismo de masas destructivo y mediante proyectos de infraestructuras logísticas, viarias de ellas que conectan a Oaxaca con Guerrero y Veracruz en el marco de los proyectos complementarios a la gran obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Esto ha tenido un impacto negativo en la forma de la propiedad social y ha introducido en la región una visión mercantilista de la tierra, fomentando el lavado de dinero y poniéndola en manos de agencias inmobiliarias y particulares.
Las grandes infraestructuras y los polos turísticos —contradiciendo el discurso oficial y «progresista» del gobierno— se abalanzan sobre las tierras indígenas como despiadados proyectos neocoloniales. Auténticas formas contemporáneas de conquista contra un modo de vida de subsistencia, considerado primitivo, excedente e inútil para el sistema capitalista.
La turistificación masiva de los recursos naturales y, en particular, de territorios específicos, no es en absoluto nueva para nosotros. También nosotros, como personas aquí presentes con la Brigada Internacionalista, vivimos o hemos vivido en territorios cuya explotación, ligada a la privatización de tierras y recursos (aguas, bosques, selvas, montañas), ha generado inmensas cantidades de dinero para blanquear, contribuyendo de manera masiva a la actual devastación social, cultural y territorial en curso.
Una tormenta planetaria que viene de lejos y que está arrasando con toda forma de vida que no se ajusta al capital. Una forma de necropolítica o de capitalismo gore que ya no sabe qué hacer con los cuerpos sobrantes, improductivos y que no se ajustan a los dictados del sistema. Y que, al mismo tiempo, sustrae las riquezas y los recursos naturales a las comunidades locales para valorizarlos en su propio modelo económico.
Una guerra que, históricamente en sus especificidades coloniales y de dominio, ha devastado territorios y poblaciones enteras, creando un contexto de dependencia y explotación, origen del enriquecimiento, de una cierta supremacía, del mal definido desarrollo y también —no lo olvidemos— de ciertos «derechos» conquistados en el mundo occidental, desde siempre depredador y colonial.
«El caso de Playa Salchi sintetiza uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo: hacer frente a formas de criminalidad que han logrado camuflarse perfectamente con las estructuras legales e institucionales. No se trata de delincuentes que operan al margen del sistema, sino de delincuentes que son el sistema mismo», resume Kino Balu.
Playa Salchi se convierte, por tanto, en un paradigma de expoliación colonial, extendido no solo en México sino en muchas partes del planeta, donde las tierras ricas en diversidad y humanidad del llamado «sur global» son arrebatadas a sus respectivas poblaciones, mercantilizadas y convertidas en hiperproductivas con el fin de intensificar un turismo agresivo, rico y «blanco», al que no le importan en absoluto las especificidades de las comunidades locales. Un turismo por el que se privatizan los recursos, el coste de la vida sufre subidas insostenibles y los pobres son expulsados de los centros de interés o explotados en y por ellos, como mano de obra barata.
Una gentrificación y una turistificación, tanto masiva como dirigida a las élites acomodadas, que hace que poblaciones enteras, geografías y territorios pierdan memoria, dignidad y posibilidades de vida, relegándolos a los márgenes del sistema económico actual.
Una dignidad que, también aquí, nos enseñan que se puede recuperar con la acción directa en la resistencia, la reconexión con la tierra y la naturaleza, con la autogestión colectiva de los espacios y los tiempos.
Frente a esta maquinaria de expropiación, las comunidades de la Sierra Sur y de Playa Salchi han desarrollado ejemplos de resistencia que van más allá de la simple defensa del territorio. Su lucha pone en tela de juicio el propio modelo de desarrollo que considera los territorios como mercancía y las comunidades como obstáculos al progreso.
Aquí, como en otros lugares, la elección del bando en el que situarse se vuelve precisa y la oposición al sistema-guerra se hace concreta y real: en la construcción de un poder popular autónomo, en redes de solidaridad territorial que superan las fronteras impuestas por el Estado-nación y en formas de organización conflictivas y directas, cuya legitimidad no dependa de la mediación institucional.
«La tierra no se vende, se ama y se defiende»
Brigada Internacionalista, Playa Salchi, marzo de 2026
