Proponemos este informe redactado inicialmente en italiano, francés y alemán con el propósito de darle difusión en Europa, por lo mismo puede que algunos párrafos que resumen el contexto sociopolítico de México se perciban como redundantes para el lector mexican@, aun así, decidimos mantenerlos para que otrxs lectorxs hispanohablantes puedan tener acceso a más información.

INFORME DE LA BRIGADA INTERNACIONALISTA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE «PLAYA SALCHI»

Introducción

Los días 25, 26 y 27 de marzo de 2026 un grupo de compañerxs del Nodo Solidale, del Colectivo Zapatista de Lugano, del SOA Il Molino y otras personas solidarias de Italia y Suiza llevamos a cabo una brigada internacionalista de solidaridad con la lucha contra la privatización de la «playa de Salchi», en la costa de Oaxaca, México.

Los colectivos mencionados fuimos invitados por el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) — una organización popular, presente en más de 25 comunidades de la región que desde 1998 lucha por la defensa del territorio — a conocer el caso emblemático de despojo y especulación de las tierras que perjudican al compañero campesino Miguel Sánchez Hernández. Durante los tres días de intercambio de conocimientos, talleres, juegos con las infancias y prácticas de lucha, se realizaron varias entrevistas con las personas involucradas en esta lucha en defensa del territorio, cuya síntesis se presenta en este informe y en un vídeo que se publicará próximamente.

Contexto sobre la «cuestión de la tierra» en México

En México, como resultado de las luchas seculares, las guerras campesinas y las revoluciones, existe un sistema de propiedad de la tierra que reconoce, además de la propiedad pública y privada, también la propiedad social (por lo tanto, colectiva) de las tierras. Una realidad que abarca más de la mitad del territorio nacional. Concretamente, a partir de la revolución de Emiliano Zapata y Francisco Villa, se consagró en la Constitución de 1917 la inalienabilidad de la tierra y su redistribución en núcleos agrarios conocidos como ejidos y tierras comunales. Redistribución que tuvo lugar a partir de finales de los años 30 y que se prolongó hasta 1992, año en el que mediante una reforma constitucional se sancionó la vendibilidad parcial de las tierras ejidales. Los ejidos fueron asignados por decreto presidencial, mientras que las tierras comunales se asignaron sobre la base del reconocimiento de las tierras «ancestrales», definidas por los documentos y acuerdos firmados entre los pueblos indígenas y la Corona Española durante la época colonial.

En general, el uso de estas tierras colectivas es gestionado por la asamblea de los ejidatarios o comuneros, como máxima autoridad local, dentro del marco legal de la Reforma Agraria. Son tierras que pueden heredarse de padres a hijos o intercambiarse dentro del núcleo agrario, pero que no pueden revenderse fuera del mismo (salvo excepciones específicas). Este sistema de gestión de las tierras representa una verdadera forma de poder comunitario, campesino y a menudo indígena, en la que se ancla el llamado sistema de «usos y costumbres».

En México, las tierras colectivas, al menos formalmente, se extienden sobre unos 100 millones de hectáreas, gestionadas por más de 30 000 núcleos agrarios. Este sistema ha sido constantemente erosionado por leyes, decretos e intentos de reformas constitucionales y, de hecho, por prácticas favorecidas por las grandes empresas y los consorcios económicos y políticos nacionales, todos interesados en reducir el espacio de autonomía del campesinado y los pueblos indígenas del país. Toda esta tierra «legalmente sustraída» al mercado capitalista resulta, de hecho, muy atractiva para múltiples actores económicos y políticos.

En los últimos años, el crimen organizado ha participado en el saqueo constante contra los pueblos indígenas y los campesinos, interviniendo como brazo armado tanto en los territorios donde se han llevado a cabo los mega-proyectos promovidos por el gobierno (como el Corredor Transístmico y el Tren Maya), como a nivel local asociándose con cualquier empresario o político que tenga en juego jugosas ganancias sobre parcelas de tierra colectivas.

Es importante mencionar que en México, en los últimos 20 años, han sido asesinadas más de 500 000 personas y unas 134 000 figuran como «desaparecidas». El país vive una guerra de fragmentación territorial: una guerra civil «anómala», intermitente, asimétrica, dispersa pero profundamente violenta;  todo esto conforma un complejo sistema de expoliación a varios niveles que cada día ataca, reduce y malvende las tierras colectivas y se ensaña contra quienes las defienden.

El caso de la playa de Salchi es un ejemplo entre miles de otros, a lo largo de todas las costas de México.

Breve historia del robo de tierras en Salchi

Playa Salchi forma parte del conjunto de tierras comunales de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. Tierras que con la creación del complejo turístico de Bahías de Huatulco a principios de los años 90 sufrieron una privatización rápida e ilegal. El mecanismo más utilizado fue la compraventa de terrenos mediante la emisión de documentos fraudulentos firmados por el comisario de turno de los bienes comunales. El comisario es la figura elegida por la asamblea de los comuneros que debería proteger y gestionar las tierras colectivas, pero a menudo se convierte precisamente en la autoridad agraria local más fácilmente corruptible por parte de los intereses privatizadores (o eliminable por estos cuando, por el contrario, se niega a entrar en el negocio). Muy a menudo, los comisarios de los bienes comunales se convierten así en los principales cómplices de los empresarios: reciben de ellos un soborno o una comisión por las tierras cedidas, a pesar de que los títulos de propiedad emitidos no tengan ningún valor formal ante el Tribunal Agrario y el Catastro, es decir,estas instituciones que inmersas en el mismo sistema de corrupción generalizada se vuelven eternamente ciegas ante estas irregularidades crónicas.

La mayoría de las villas que los ricos lucen en las costas de México se han construido con estos permisos falsificados y sobre tierras comunales indígenas o campesinas.

La bahía de la playa de Salchi es la salida al Pacífico de una parcela de 28 hectáreas de tierra comunal asignada a Miguel Sánchez Hernández, un campesino de 87 años, que la ha cuidado desde que la heredó, para uso agrícola, de su abuelo adoptivo. Desde los primeros intentos de privatización, Don Miguel se ha negado a ceder las tierras que le fueron asignadas para la construcción de zonas turísticas. Pero su negativa como propietario formal ha sido totalmente insuficiente para impedir su privatización.

En el año 2000, David Ortega del Valle le propuso vender 10 hectáreas de terreno «frente al mar» a un consorcio inmobiliario canadiense, con la promesa inicial de un pago por los terrenos. Acuerdo que al día de hoy no se ha cumplido. En esta zona, en los últimos años hasta 2025, se han construido 42 viviendas con «vistas al mar», ocupadas estacionalmente en su mayoría por jubilados canadienses. A lo largo de los años, Miguel Sánchez ha intentado recuperar las tierras con el apoyo de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el CODEDI, que históricamente organiza comités locales en la región para la defensa de los derechos indígenas y se moviliza promoviendo la resistencia contra los proyectos capitalistas y extractivistas en los territorios indígenas, especialmente en la Costa y la Sierra Sur de Oaxaca.

En 2017, el CODEDI y otras organizaciones locales aliadas comenzaron a trabajar cíclicamente las aproximadamente 14 hectáreas de tierras que habían quedado libres de la turistificación, cultivando maíz, calabacitas y frijoles, así como otros alimentos destinados a las familias de las comunidades de la organización.

En julio de 2018, el coordinador local del CODEDI, Abraham Hernández González, fue secuestrado cerca de la playa y posteriormente asesinado: su cuerpo fue hallado en la localidad cercana de Cuatunalco. Las circunstancias del asesinato nunca se investigaron y al día de hoy los responsables gozan de total impunidad. Este dramático suceso agravó el conflicto por las tierras de Salchi y puso de manifiesto la complicidad del crimen organizado con los empresarios implicados. «Desde agosto de 2020 —cuenta Miguel Sánchez— he sido objeto de repetidos intentos de despojo de las tierras y de mi vivienda, con personas encapuchadas y armadas que me vigilan y realizan rondas continuas». De hecho don Miguel denuncia, durante una Caravana de Observación de los Derechos Humanos en septiembre de 2025, que un día llegaron 8 furgonetas con personas armadas en la y en esa ocasión fue secuestrado, amenazado de muerte, agredido con empujones, obscenidades y burlas de diversa índole, lo que comprometió su estado de salud hasta el punto de tener que ser operado de urgencia.

Se tiene constancia de al menos otras dos acciones de intimidación ocurridas durante el desarrollo de actividades públicas:

El «Cartel del Despojo»

Don Miguel, los compañeros y compañeras del CODEDI y de otras organizaciones aliadas, reunidos en defensa de la playa de Salchi, señalan que existe un grupo de personas, entre las que se encuentran algunos funcionarios de Morena (partido en el poder tanto a nivel estatal como federal) que —en contubernio con los comisarios de los bienes comunales, las autoridades del tribunal agrario, con las fuerzas del orden y el crimen organizado— se enriquecen orquestando las privatizaciones de las playas y de los terrenos comunales en la costa de Oaxaca.

Junto con el caso de Salchi, también se han dado a conocer los casos de la cercana playa de El Coyote y de la playa de El Coyul (varios kilómetros más al sur). Este grupo de personas, bautizado como el «Cartel del Despojo», aplica en todas partes el mismo modus operandi: envía gente armada para intimidar y desalojar a los campesinos con amenazas y violencia; se apropia de las tierras simulando legalidad mediante documentos emitidos por autoridades agrarias corruptas; revende a consorcios inmobiliarios extranjeros especulando con cada metro de tierra robada (una parcela de 200 m², sustraída con engaño y violencia, se revende entre 50 000 y 100 000 euros —entre 1 y 2 millones de pesos mexicanos). Para que después los consorcios de desarrollo inmobiliario revendan a su vez, a precios estratosféricos, las «casitas frente al mar» en el mercado de sus países de origen (a menudo EE. UU., Canadá, la Unión Europea, pero también Arabia Saudí y Rusia), facturando en dólares. El flujo de dinero generado por esta especulación es inmenso y solo beneficia a quienes ya son ricos: funcionarios, empresarios y mafiosos.

El resultado de toda esta operación mafiosa no es más que una gentrificación de las playas basada en un modelo extractivista que, reiteran los interlocutores, solo puede funcionar con el apoyo cómplice de las instituciones, cuyas operaciones irregulares se ven lubricadas por sustanciales sobornos.

Los actores locales y nacionales de este «cartel», señalados como principales beneficiarios del robo de tierras, son los diputados federales Alejandro Avilés Álvarez (del Partido Verde Ecologista de México, pero afiliado a Morena) y Juan Hugo de la Rosa (Morena), el asistente jurídico Orlando Acevedo (del PRI), el ex comisionado de bienes comunales de Pochutla Jesús «Chucho» Reyes, David Ortega del Valle (director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca), el político local Alfonso Esparza, el empresario Israel Carreño Morales (despojador de playa El Coyote )y el contable Sergio Castro López. Así, el grupo opera con impunidad gracias a la protección de elementos de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y con la participación tanto de los partidos de la mayoría como de la oposición.

La costa lava más blanco: expoliación y lavado de dinero (*)

(* Este capítulo es un extracto de un artículo de Kino Balu https://elgirodelarueda.net/despojo-playa-salchi-castro-lopez-oaxaca/)

El conflicto de Playa Salchi es en cierto modo el emblema de la ofensiva de expropiación territorial y mercantilización del litoral de Oaxaca: un auténtico campo de experimentación. Aquí se entrelazan la histórica criminalidad financiera de personajes como Sergio Castro López (un contable de origen humilde que ascendió en las jerarquías hasta convertirse en un blanqueador de miles de millones, mediante el perfeccionamiento de esos «esquemas fiscales agresivos» que han permitido a gobernadores y empresas evadir ampliamente sus obligaciones fiscales. Su empresa —Inteligencia de Negocios— ha funcionado como centro operativo para redes de 150 testaferros, moviendo más de 100 000 millones de pesos en operaciones de blanqueo), con la de operadores políticos locales, protegidos por el nombre de partidos como Morena y Verde Ecologista y respaldados por la «Cuarta Transformación» en el Gobierno y sus centros de interés.

Este fenómeno revela un patrón: los proyectos hoteleros en terrenos expropiados no son sólo operaciones inmobiliarias, sino también mecanismos de lavado de dinero. Los hoteles permiten justificar enormes flujos financieros, al tiempo que generan activos inmobiliarios en territorios estratégicos. La costa de Oaxaca, con su potencial turístico y su debilidad institucional, ofrece las condiciones ideales para esta simbiosis entre la expropiación territorial y el lavado de dinero. El gobierno no solo tolera estas operaciones, sino que las integra orgánicamente en su propio proyecto político, demostrando que la llamada «Cuarta Transformación» puede convivir tranquilamente con las formas más sofisticadas de la criminalidad capitalista.

Un modelo de expoliación integral, en el que la apropiación del territorio se entrelaza con el control político, el lavado de dinero y la cooptación institucional para crear enclaves de total impunidad, y que opera a través de varias fases: en primer lugar, la identificación de territorios estratégicos con comunidades institucionalmente debilitadas; en segundo lugar, la construcción de alianzas con actores políticos locales; en tercer lugar, el desarrollo de proyectos inmobiliarios que justifican el blanqueo de capitales; en cuarto lugar, la neutralización de las resistencias mediante la cooptación o la criminalización de los opositores.

Don Miguel Sánchez, con sus 87 años y más de sesenta años de trabajo en esas tierras, encarna todo lo que este modelo pretende eliminar: la memoria histórica, los derechos territoriales ancestrales y la resistencia campesina.

Su despojo no es casual: es metódico.

La resistencia y las alianzas

Don Miguel Sánchez Hernández no está solo. Cuenta con el apoyo del CODEDI y de las organizaciones sociales de la izquierda anticapitalista del FORO (Frente de Organizaciones de Oaxaca), así como de otros aliados estratégicos que han logrado convertir este caso en un ejemplo de resistencia y no de despojo silencioso, como lamentablemente ha ocurrido en muchos, demasiados, casos similares en la misma costa de Oaxaca, así como en otras partes de México.

Como ya se ha dicho, en junio de 2025, entre las dunas disputadas de la playa de Salchi, se reunieron 14 organizaciones locales, que a su vez convocaron la Misión de Observancia de los Derechos Humanos (Misión de Observación de los Derechos Humanos), llevada a cabo los días 12 y 13 de julio de 2025, la cual redactó un informe detallado sobre la violación de los derechos humanos en las playas de Salchi y El Coyote. La misión reunió a 17 organizaciones de la sociedad civil, a los representantes legales del sindicato de docentes de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca, así como a ciudadanos y abogados de la sociedad civil pertenecientes a organizaciones sociales, todas ellas con una larga experiencia en la defensa de los derechos humanos y colectivos en el estado de Oaxaca.

Las siguientes organizaciones han estado y están presentes en la vigilancia constante del territorio y de la situación: CODEDI, CODEPO (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca), 14 DE JUNIO, CCCP (Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias), COCISS (Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur), APIIDTT (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio), la ONG EDUCA, MIUCO (Mujeres Indígenas y Afros Unidas por el Bien de la Costa Oaxaqueña), FPR (Frente Popular Revolucionario), FIZ (Frente Indígena Zapoteco), la Asamblea de la Comunidad Indígena Puente Madera, la Asamblea de la Comunidad Indígena El Coyul y la Cooperativa Cimarronez.

Además, a lo largo de los años, el CODEDI ha construido una red de colaboraciones y alianzas nacionales e internacionales con otras organizaciones indígenas, alguna de ellas vinculadas al Congreso Nacional Indígena (CNI), y con colectivos europeos que apoyan el zapatismo, como los que han participado en la elaboración del presente informe. Gracias a estos contactos se ha dado vida a una visita informativa y solidaria de una brigada de activistas italian@s a finales de julio de 2025 y a la actual Brigada Internacionalista de finales de marzo de 2026.

Los colectivos implicados se han comprometido a seguir vigilando, incluso a distancia, la situación de apropiación indebida y de posible represión de la resistencia en las tierras de Miguel Sánchez Hernández.

El uso autogestionado de los espacios y los campos

Las 14 hectáreas de tierra que aún resisten el avance de la colonización inmobiliaria y turística se cultivan cíclicamente con maíz, frijoles, calabacitas, papaya y otras frutas de temporada. Los compañeros y compañeras del CODEDI organizan «tequios» con los comités locales de su organización para demostrar un uso sano, alternativo, ecológico y autogestionado de los campos, en antítesis al modelo extractivista de los consorcios inmobiliarios.

En Playa Salchi, estos dos modelos en completa oposición se enfrentan física y políticamente.

El CODEDI proviene de una larga tradición de procesos autogestivos, partiendo de la experiencia en el 2006 de la insurrección y de la Comuna de Oaxaca, y en cierta medida se ha inspirado en los caminos autónomos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del CIDECI en Chiapas y de los demás pueblos indígenas del CNI. Con este impulso, en 2013 creó un Centro de Formación en la Ex Finca Alemania (Sierra Sur) donde niños y jóvenes de sus propias comunidades y aldeas pueden estudiar y aprender diversas artes y oficios, a través de un proceso pedagógico empírico y autónomo. Este modelo libertario de «escuela viva» se traslada periódicamente a Salchi, donde se organizan talleres para niñxs y adolescentes que se llevan a cabo en los espacios de un gran y moderno hotel ilegal, construido sin ningún permiso a pocos metros de la playa y recuperado posteriormente por quienes defienden el territorio.

En los primeros meses de 2026, por ejemplo, se celebraron varios encuentros y talleres para la infancia en Playa Salchi, que trataron temas como la biología marina, la comida sana frente a la comida basura, la medicina natural y la historia oral, ofreciendo un espacio a los cuentacuentos. Los talleres suelen ser impartidos por colectivos solidarios que se dedican a los temas mencionados y están dirigidos principalmente a los alumnos y alumnas de la escuelita autónoma de Finca Alemania y a las infancias en general presentes en Salchi.

Partiendo de experiencias, sobre todo urbanas, de autogestión y autonomía, los colectivos y las personas que participamos en la Brigada Internacionalista consideramos esta forma —la autogestión colectiva de los espacios y las tierras— como uno de los elementos fundamentales y decisivos para la construcción de otros mundos posibles. De hecho, como nos enseña la historia de las numerosas experiencias de lucha mexicanas, la creación de la autonomía y de formas autónomas de vida son un camino que hay que recorrer e intensificar con determinación y constancia como formas de gestión colectiva de cuerpos, mentes y territorios.

En este contexto, y para crear formas de lucha y de unión que se opongan a las dinámicas de despojo y saqueo de los territorios, la propuesta del CODEDI se convierte en un elemento fundamental de construcción y de oposición.

La creación de un futuro «Centro Comunitario de Formación» dedicado a la infancia y a los jóvenes, en las mismas tierras que el sistema capitalista está tratando de arrebatar a las poblaciones locales, es una visión particularmente insolente y combativa, en un panorama global cada vez más complaciente y resignado, que se posiciona claramente y elige de qué lado estar.

Por lo tanto, nos resulta esencial resaltar la voluntad de intensificar y dedicarse a una labor de atención, cuidado y formación específica hacia las jóvenes generaciones, y la de mantener la construcción práctica y real de alternativas colectivas autónomas, que permiten visualizar y realizar laboratorios efectivos de contrapoder frente al capitalismo. Prácticas que proponen al mismo tiempo formas o focos de resistencia a la dominación cada vez más totalitaria de la unión indisoluble entre capital, mafia y Estado. Situación que —dada también la precariedad o la ausencia total de una salida laboral, de emancipación y de autodeterminación— muchísimas personas, en particular jóvenes, pobres y mujeres, en los últimos años, no han tenido otra opción posible que la de incorporarse a la mano de obra precaria relegada a las maquilas, a los trabajos mal remunerados y explotados en México o en Estados Unidos, a la prostitución y a la venta de su propio cuerpo o, en última instancia, alistarse como mano de obra para el crimen organizado.

Recuperar un territorio en el que al mismo tiempo se autoproduce el propio sustento, mediante el cultivo de alimentos básicos que pueden generar también autosuficiencia económica, se convierte en una forma de «barricada social, política y cultural» frente al avance del sistema criminal/mafioso del Estado y de los principales intereses económicos, privados o estatales. En un sistema que hace de la guerra su doctrina y su imposición del mundo, el esfuerzo en curso para contrarrestarlo con prácticas colectivas, autogestionadas y autónomas se convierte, por tanto, no solo en un NO a la privatización-despojo, sino también en un SÍ a otro mundo posible.

Conclusión: la turistificación como instrumento colonial de expoliación

Para el anciano campesino Miguel Sánchez Hernández y los habitantes de Playa Salchi y sus alrededores, la agricultura, al igual que la pesca en los ríos y en el mar, constituye una de las principales actividades y una fuente fundamental de sustento para las familias. Estas prácticas económicas y tradicionales han sufrido grandes transformaciones en los últimos años, debido a una lógica que pretende instaurar en esta región el «desarrollo» a través de un turismo de masas destructivo y mediante proyectos de infraestructuras logísticas, viarias de ellas que conectan a Oaxaca con Guerrero y Veracruz en el marco de los proyectos complementarios a la gran obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Esto ha tenido un impacto negativo en la forma de la propiedad social y ha introducido en la región una visión mercantilista de la tierra, fomentando el lavado de dinero y poniéndola en manos de agencias inmobiliarias y particulares.

Las grandes infraestructuras y los polos turísticos —contradiciendo el discurso oficial y «progresista» del gobierno— se abalanzan sobre las tierras indígenas como despiadados proyectos neocoloniales. Auténticas formas contemporáneas de conquista contra un modo de vida de subsistencia, considerado primitivo, excedente e inútil para el sistema capitalista.

La turistificación masiva de los recursos naturales y, en particular, de territorios específicos, no es en absoluto nueva para nosotros. También nosotros, como personas aquí presentes con la Brigada Internacionalista, vivimos o hemos vivido en territorios cuya explotación, ligada a la privatización de tierras y recursos (aguas, bosques, selvas, montañas), ha generado inmensas cantidades de dinero para blanquear, contribuyendo de manera masiva a la actual devastación social, cultural y territorial en curso.

Una tormenta planetaria que viene de lejos y que está arrasando con toda forma de vida que no se ajusta al capital. Una forma de necropolítica o de capitalismo gore que ya no sabe qué hacer con los cuerpos sobrantes, improductivos y que no se ajustan a los dictados del sistema. Y que, al mismo tiempo, sustrae las riquezas y los recursos naturales a las comunidades locales para valorizarlos en su propio modelo económico.

Una guerra que, históricamente en sus especificidades coloniales y de dominio, ha devastado territorios y poblaciones enteras, creando un contexto de dependencia y explotación, origen del enriquecimiento, de una cierta supremacía, del mal definido desarrollo y también —no lo olvidemos— de ciertos «derechos» conquistados en el mundo occidental, desde siempre depredador y colonial.

«El caso de Playa Salchi sintetiza uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo: hacer frente a formas de criminalidad que han logrado camuflarse perfectamente con las estructuras legales e institucionales. No se trata de delincuentes que operan al margen del sistema, sino de delincuentes que son el sistema mismo», resume Kino Balu.

Playa Salchi se convierte, por tanto, en un paradigma de expoliación colonial, extendido no solo en México sino en muchas partes del planeta, donde las tierras ricas en diversidad y humanidad del llamado «sur global» son arrebatadas a sus respectivas poblaciones, mercantilizadas y convertidas en hiperproductivas con el fin de intensificar un turismo agresivo, rico y «blanco», al que no le importan en absoluto las especificidades de las comunidades locales. Un turismo por el que se privatizan los recursos, el coste de la vida sufre subidas insostenibles y los pobres son expulsados de los centros de interés o explotados en y por ellos, como mano de obra barata.

Una gentrificación y una turistificación, tanto masiva como dirigida a las élites acomodadas, que hace que poblaciones enteras, geografías y territorios pierdan memoria, dignidad y posibilidades de vida, relegándolos a los márgenes del sistema económico actual.

Una dignidad que, también aquí, nos enseñan que se puede recuperar con la acción directa en la resistencia, la reconexión con la tierra y la naturaleza, con la autogestión colectiva de los espacios y los tiempos.

Frente a esta maquinaria de expropiación, las comunidades de la Sierra Sur y de Playa Salchi han desarrollado ejemplos de resistencia que van más allá de la simple defensa del territorio. Su lucha pone en tela de juicio el propio modelo de desarrollo que considera los territorios como mercancía y las comunidades como obstáculos al progreso.

Aquí, como en otros lugares, la elección del bando en el que situarse se vuelve precisa y la oposición al sistema-guerra se hace concreta y real: en la construcción de un poder popular autónomo, en redes de solidaridad territorial que superan las fronteras impuestas por el Estado-nación y en formas de organización conflictivas y directas, cuya legitimidad no dependa de la mediación institucional.

«La tierra no se vende, se ama y se defiende»

Brigada Internacionalista, Playa Salchi, marzo de 2026

REPORT DELLA BRIGATA INTERNAZIONALISTA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DI “PLAYA SALCHI”

Introduzione 

I giorni 25, 26 e 27 marzo 2026 un gruppo di compagnx del Nodo Solidale, del Collettivo Zapatista di Lugano, del SOA Il Molino e altre persone solidali d’Italia e Svizzera hanno realizzato una brigata internazionalista di solidarietà con la lotta contro la privatizzazione della “spiaggia di Salchi” nella costa di Oaxaca, Messico. 

I collettivi suddetti sono stati invitati dal Comité de Defensa de los Derechos Indigenas (CODEDI) – organizzazione popolare, presente in oltre 25 villaggi della regione che dal 1998 lotta per la difesa del territorio – a conoscere il caso emblematico di sfruttamento e speculazione delle terre a danno del contadino Miguel Sánchez Hernández. Durante le tre giornate di condivisione di saperi, workshop, giochi con l’infanzia e pratiche di lotta, si sono realizzate diverse interviste con le persone coinvolte in questa lotta in difesa del territorio, la cui sintesi si presenta in questo report e in un video che seguirà. 

Contesto sulla “questione della terra” in Messico

In Messico, come risultato delle lotte secolari, delle guerre contadine e delle rivoluzioni avvenute, esiste un sistema di proprietà della terra che riconosce, oltre alla proprietà pubblica e privata, anche la proprietà sociale (quindi collettiva) delle terre. Realtà che copre più della metà del territorio nazionale. Nello specifico a partire dalla rivoluzione di Emiliano Zapata e Francisco Villa venne sancito, nella Costituzione del 1917, l’invendibilità della terra e la sua ridistribuzione in nuclei agrari conosciuti come ejidos e tierras comunales. Ridistribuzione avvenuta a partire dalla fine degli anni 30 e in atto fino al 1992; anno in cui con una riforma costituzionale si è sancita la parziale vendibilità delle terre ejidali. Gli ejidos furono assegnati per decreto presidenziale, le tierras comunales vennero assegnate sulla base del riconoscimento delle terre “ancestrali”, definite dai documenti e accordi firmati tra i popoli indigeni e la Corona Spagnola, durante gli anni della Colonia. 

In generale l’uso di queste terre collettive è gestito dall’assemblea degli ejidatarios o comuneros, come massima autorità locale, dentro la cornice legale della Riforma Agraria. Sono terre che possono essere ereditate di padre in figlio o scambiate all’interno del nucleo agrario ma che non possono essere rivendute all’esterno dello stesso (salvo specifiche eccezioni). Queste forme di gestione delle terre rappresentano una vera e propria forma di potere comunitario, contadino e spesso indigeno a cui si ispira il cosidetto sistema degli “usi e costumi” (norme comunitarie ancestrali che regolano la vita politica, sociale e culturale delle comunità indigene che hanno una propria assemblea, elezioni per le cariche pubbliche senza la presenza di partiti politici e praticano il “tequio”, una forma di lavoro collettivo o di servizio comunitario, gratuito e a favore, appunto, della comunità). 

In Messico le terre collettive, almeno formalmente, si estendono su circa 100 milioni di ettari, gestite da più di 30.000 nuclei agrari. Questo sistema è stato costantemente erosionato da leggi, decreti e tentativi di riforme costituzionali e, nei fatti, con pratiche favorite dalle grandi imprese e consorzi economici e politici nazionali, tutti interessati a ridurre lo spazio di autonomia dei contadini e dei popoli indigeni nel Paese. Tutta questa terra “legalmente sottratta” al mercato capitalista, fa infatti gola a molteplici attori economici e politici.

Negli ultimi anni il crimine organizzato ha preso parte a questo saccheggio costante contro i popoli indigeni e i contadini, intervenendo come braccio armato tanto nei territori dove si sono realizzate o si vogliono realizzare le grandi opere promosse dal governo di turno (come il Corredor Transismico e il Tren Maya), quanto localmente associandosi con qualsiasi imprenditore o politico abbia in ballo guadagni succulenti su pezzi di terra collettivi. 

È necessario menzionare, per dare un quadro del contesto, che in Messico negli ultimi 20 anni sono state assassinate più di 500.000 persone e circa 134.000 risultano “desaparecidas”, cioè scomparse. Il Paese vive una guerra di frammentazione territoriale: una guerra civile “anomala”, intermittente, asimmetrica, sparsa ma profondamente violenta; tutto ciò si traduce in un sistema complesso di spoliazione a più livelli che tutti i giorni aggredisce, riduce e svende le terre collettive e si accanisce contro chi le difende. 

Il caso di spiaggia Salchi, dunque, è un esempio fra migliaia di altri, lungo tutte le coste del Messico.

Breve storia del furto di terre a Salchi 

Playa Salchi è parte dell’insieme delle terre comunales di San Pedro Pochutla nello stato di Oaxaca. Terre che, con la creazione del polo turistico di Bahias de Huatulco nei primi anni ’90, hanno subito una privatizzazione rapida e illegale. Il meccanismo più utilizzato è stato la compravendita di terreni attraverso l’emissione di documenti fraudolenti firmati dal commissario di turno dei bienes comunales. Il commissario è la figura eletta dall’assemblea dei comuneros che dovrebbe tutelare e gestire le terre collettive ma spesso diviene proprio l’autorità agraria locale più facilmente corrompibile da parte degli interessi privatizzatori (o eliminabile dagli stessi quando invece si rifiuta di entrare nel business). Molto spesso i commissari dei bienes comunales diventano così i complici principali degli imprenditori: ricevono da parte loro una tangente o una percentuale per i terreni ceduti, nonostante il fatto che gli atti di proprietà emessi non hanno alcun valore formale di fronte al Tribunale Agrario e al Catasto, ovvero quelle stesse istituzioni che, immerse nel medesimo sistema di corruzione generalizzato, diventano eternamente cieche di fronte a queste irregolarità croniche. 

La maggioranza delle ville che i ricchi sfoggiano sulle coste del Messico sono state costruite con questi permessi falsificati e su terre collettive indigene o contadine.

La baia della spiaggia di Salchi è lo sbocco sul Pacifico di un appezzamento di 28 ettari di tierra comunal assegnati a Miguel Sánchez Hernández, contadino di 87 anni, che se n’è preso cura da quando l’ereditò, per uso agricolo, da suo nonno adottivo. A partire dai primi tentativi di privatizzazione, Don Miguel si è rifiutato di cedere i terreni a lui assegnati per la costruzione di zone di turismo. Ma il suo diniego come proprietario formale è stato totalmente insufficiente per impedirne la privatizzazione. 

Nel 2000 David Ortega del Valle gli propose di vendere 10 ettari di terreno “fronte mare” a un consorzio immobiliare canadese, con la promessa iniziale di un pagamento per i terreni. Accordo che ad oggi non è stato rispettato. In questa zona, da allora fino al 2025, sono state costruite 42 abitazioni “vista mare”, occupate stagionalmente per lo più da canadesi in pensione. Negli anni Miguel Sánchez ha cercato di recuperare le terre attraverso l’appoggio di diverse organizzazioni sociali e di diritti umani, tra queste il CODEDI, che storicamente organizza comitati locali nella regione per la difesa dei diritti indigeni e si mobilita promovendo la resistenza contro i progetti capitalisti ed estrattivisti nei territori indigeni, specialmente sulla Costa e sulla Sierra Sur di Oaxaca.

Nel 2017 il CODEDI e altre organizzazioni locali alleate hanno iniziato a lavorare ciclicamente i circa 14 ettari di terre rimaste libere dalla turistificazione, coltivando mais, zucchine e fagioli, cosi come altri alimenti destinati alle famiglie dei villaggi dell’organizzazione. 

Nel luglio del 2018, il coordinatore locale del Codedi, Abraham Hernández Gónzalez, viene sequestrato nei pressi della spiaggia e in seguito assassinato: il suo corpo verrà ritrovato nella vicina Cuatunalco. Le circostanze dell’omicidio non verranno mai realmente indagate e i responsabili ad oggi godono di assoluta impunità. Questo drammatico fatto innalza il conflitto per le terre di Salchi e rende palese la complicità della criminalità organizzata con gli imprenditori coinvolti. “Dall’agosto 2020 – racconta Miguel Sánchez – sono stato oggetto di ripetuti tentativi di esproprio delle terre e della mia dimora, con persone incappucciate e armate che mi sorvegliano ed effettuano ronde continue”.  Infatti denuncia l’anziano contadino durante una Carovana di Osservazione dei Diritti Umani nel settembre 2025, che nel 2020 giunsero 8 furgoni con persone armate e che fu sequestrato, minacciato di morte, attaccato con spintoni, volgarità e scherni di vario genere, atti che ne hanno compromesso lo stato di salute, al punto da dover essere operato d’urgenza. 

Si ha la testimonianza di almeno altre due azioni di intimidazione avvenute durante lo svolgimento di attività pubbliche:

– Il 7 giugno 2025 si tenne il “Forum in difesa della terra e dei diritti agrari dei contadini della costa”, con la partecipazione di 14 organizzazioni che hanno denunciato il tentativo di esproprio a Playa Salchi. Durante l’attività 16 persone armate legate al “Cartello degli Espropri” hanno fatto irruzione nei terreni di Miguel Sánchez, minacciando la sua vita per imporre un altro progetto turistico. 

– Il 29 gennaio 2026 un gruppo di civili, fra cui il colombiano Arturo Peralta (responsabile del progetto immobiliario del sudetto consorzio canadese), fece incursione nelle terre  di Miguel Sánchez, non ancora invase dalla turistificazione, con ruspe e macchinari pesanti, accompagnato da tre pattuglie della polizia statale. Durante l’aggressione le ruspe, scortate dalle forze dell’ordine e da alcuni civili con armi da fuoco, demolirono completamente alcune case e delle costruzioni sparse nei terreni agricoli, usate anche da altri contadini che sono soliti venire ad aiutare don Miguel a lavorare le terre. Armi in mano, ripetono gli insulti e le minacce contro l’anziano contadino e le altre persone presenti. La partecipazione della polizia statale, in evidente difesa di un’aggressione illegitima e illegale e al fianco di civili armati non identificati, rende ancor più palese la complicità delle istituzioni con l’agire criminale del “Cartello degli Espropri”.

Come internazionalisti non possiamo non notare l’agghiacciante similitudine di quest’ultimo fatto con le ruspe dell’esercito israeliano in Palestina che, in nome delle contorte leggi del “colonialismo di insediamento”, fortificano le aree privatizzate dai coloni “bianchi” e demoliscono, armi in mano e con violenza, le case dei nativi, dei contadini e dei pastori della zona. Il che ribadisce come il capitalismo sfoggia in geografie diversi gli stessi dispositivi coloniali e razzisti di discriminazione, pulizia etnica, esproprio e criminalizzazione.

Il “Cartello degli Espropri”

Don Miguel, i compagni e le compagne del CODEDI e delle altre organizzazioni alleate, riunitesi a difesa della spiaggia Salchi, indicano che esiste un gruppo di persone, tra i quali alcuni funzionari di Morena (partito al governo sia a livello statale che federale) che – in combutta con i commissari dei bienes comunales, con le autorità del tribunale agrario, con le forze dell’ordine e il crimine organizzato – si arricchiscono orchestrando le privatizzazioni delle spiagge e dei terreni comunales nella costa di Oaxaca. 

Insieme al caso di Salchi hanno reso noti anche i casi della vicina spiaggia El Coyote e della spiaggia El Coyul (vari chilometri più a sud). Questo gruppo di persone, battezzato il “Cartello degli Espropri”, applica ovunque lo stesso modus operandi: manda gente armata a intimidire e sgomberare i contadini con minacce e violenza; si appropria delle terre simulando legalità attraverso i documenti emessi dalle autorità agrarie corrotte; rivende ai consorzi immobiliari stranieri speculando su ogni metro di terra rubato (un lotto di 200mq, sottratto con inganno e violenza, viene rivenduto tra i 50.000 e i 100.000 euro – tra 1 e 2 milioni di pesos messicani). In seguito i consorzi di sviluppo immobiliare a loro volta rivendono a cifre stratosferiche le “villette fronte mare”, nel mercato dei loro Paesi d’origine (spesso Usa, Canadà, Unione Europea ma anche Arabia Saudita e Russia), fatturando in dollari. Il flusso di denaro generato da questa speculazione è immenso e beneficia solo chi è già ricco: funzionari, imprenditori e mafiosi. 

Il risultato di tutta questa operazione mafiosa non è nient’altro che una gentrificazione delle spiagge basata su un modello estrattivista che, ribadiscono gli interlocutori, può funzionare solo con il complice appoggio delle istituzioni, le cui operazioni irregolari sono lubrificate da sostanziose tangenti.

Gli attori locali e nazionali di questo “cartello”, segnalati come principali beneficiari del furto di terre sono i deputati federali Alejandro Avilés Álvarez (del Partito Verde Ecologista del Messico ma affiliato a Morena) e Juan Hugo de la Rosa (Morena), l’assistente giuridico Orlando Acevedo (del partito PRI), l’ex comissario dei bienes comunales de Pochutla Jesús “Chucho” Reyes, David Ortega del Valle (Direttore di Gestione Ambientale del Ministero dell’Ambiente di Oaxaca), il politico locale Alfonso Esparza, l’imprenditore Israel Carreño Morales (che sta privatizzando la spiaggia de El Coyote) e il contabile Sergio Castro López. Così il gruppo opera impunemente grazie alla protezione di elementi dei tre livelli di governo (Municipale, Statale e Federale) e con il coinvolgimento sia dei partiti della maggioranza che dell’opposizione.

La costa lava più bianco: spoliazione e riciclaggio di denaro(*) 

(* Questo capitolo è estratto da un articolo di Kino Balu https://elgirodelarueda.net/despojo-playa-salchi-castro-lopez-oaxaca/)

Il conflitto di Playa Salchi è un po’ l’emblema dell’offensiva dell’ espropriazione territoriale e della mercificazione del litorale di Oaxaca: un vero e proprio terreno di sperimentazione. Qui si intrecciano la storica criminalità finanziaria di personaggi come Sergio Castro Lopez (commercialista di umili origini che ha scalato le gerarchie fino a diventare un riciclatore di miliardi, attraverso il perfezionamento di quegli “schemi fiscali aggressivi” che hanno permesso a governatori e società di evadere ampiamente gli obblighi fiscali. La sua azienda – Inteligencia de Negocios – ha funzionato come centro operativo per reti di 150 prestanome, movimentando più di 100 miliardi di pesos in operazioni di riciclaggio), con quella di operatori politici locali, protetti dal nome di partiti come Morena e Verde Ecologista e sostenuti dalla “Quarta Trasformazione” al governo e dai suoi centri d’interesse.

Questo fenomeno rivela uno schema ricorrente: i progetti alberghieri su terreni espropriati, non sono solo operazioni immobiliari, ma anche meccanismi di riciclaggio di denaro. Gli alberghi consentono di giustificare ingenti flussi finanziari, generando al contempo beni immobili in territori strategici. La costa di Oaxaca, con il suo potenziale turistico e la sua debolezza istituzionale, offre le condizioni ideali per questa simbiosi tra espropriazione territoriale e riciclaggio di denaro. Il governo non solo tollera queste operazioni ma le integra organicamente nel proprio progetto politico, dimostrando che la cosiddetta «Quarta Trasformazione» può convivere tranquillamente con le forme più sofisticate della criminalità capitalista.

Un modello di spoliazione integrale, in cui l’appropriazione del territorio si intreccia con il controllo politico, il riciclaggio di denaro e la cooptazione istituzionale per creare enclave di totale impunità e che opera attraverso diverse fasi: in primo luogo, l’identificazione di territori strategici con comunità istituzionalmente indebolite; in secondo luogo, la costruzione di alleanze con operatori politici locali; in terzo luogo, lo sviluppo di progetti immobiliari che giustificano il riciclaggio di denaro; in quarto luogo, la neutralizzazione delle resistenze attraverso la cooptazione o la criminalizzazione degli oppositori.

Don Miguel Sánchez, con i suoi 87 anni e gli oltre sessant’anni di lavoro su quelle terre, incarna tutto ciò che questo modello mira a eliminare: la memoria storica, i diritti territoriali ancestrali e la resistenza contadina. 

La sua espropriazione non è casuale: è metodica.

La resistenza e le alleanze 

Ma Don Miguel Sánchez Hernández non è solo. È accompagnato dal CODEDI e dalle organizzazioni sociali della sinistra anticapitalista del FORO (Fronte delle Organizzazioni di Oaxaca) e da altri alleati strategici che sono riusciti a trasformare questo caso in un esempio di resistenza e non di silente spoliazione, come purtroppo è successo in molti, troppi, casi simili nella stessa costa di Oaxaca, così come in altre parti di Messico.

Come già detto, nel giugno del 2025, fra le dune contese di spiaggia Salchi, si sono riunite 14 organizzazioni locali, che a loro volta hanno convocato la Misión de Observancia de los Derechos Humanos (Missione d’Osservazione dei Diritti Umani)realizzata il 12 e 13 luglio 2025 che ha redatto un dettagliato report sulla violazione dei diritti umani nelle spiagge di Salchi ed El Coyote. La missione ha riunito 17 organizzazioni della società civile, i rappresentanti legali del sindacato degli insegnanti della Sezione XXII della CNTE a Oaxaca, nonché cittadini e avvocati della società civile appartenenti a organizzazioni sociali, tutte con una lunga esperienza nella difesa dei diritti umani e collettivi nello Stato di Oaxaca. 

Sono state e sono presenti nella costante vigilanza del territorio e della situazione le seguenti organizzazioni: CODEDI, CODEPO (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca), 14 DE JUNIO, CCCP (Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias), COCISS (Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur), APIIDTT (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio), la Ong EDUCA, MIUCO (Mujeres Indígenas y Afros Unidas por el Bien de la Costa Oaxaqueña), FPR (Frente Popular Revolucionario), FIZ (Frente Indígena Zapoteco), l’assemblea del villaggio indigeno Puente Madera, l’assemblea del villaggio indigeno El Coyul e la cooperativa Cimarronez.

Il CODEDI, negli anni, ha inoltre costruito una rete di collaborazioni e alleanze nazionali e internazionali con organizzazioni vincolate al Congresso Nazionale Indigeno (CNI) e con Collettivi europei che sostengono  lo zapatismo, come quelli coinvolti nella realizzazione del presente report. Grazie a questi contatti si è dato vita a una visita informativa e solidale di una brigata di attivisti italiani a fine luglio 2025 e l’attuale Brigata Internazionalista di fine marzo 2026. 

I collettivi coinvolti hanno preso l’impegno di continuare a monitorare la situazione di furto e di possibile repressione della resistenza nelle terre di Miguel Sánchez Hernández anche a distanza.

L’uso autogestito degli spazi e dei campi

I 14 ettari di terra che ancora resistono all’avanzata della colonizzazione immobiliare e turistica, sono ciclicamente coltivati con mais, fagioli, zucchine, papaya e altri frutti di stagione. I compagni e le compagne del CODEDI organizzano “tequios” con i comitati locali della propria organizzazione per dimostrare un uso sano, alternativo, ecologico e autogestito dei campi, in antitesi al modello estrattivista dei consorzi immobiliari. 

A Playa Salchi questi due modelli in completa opposizione, si fronteggiano fisicamente e politicamente.

Il CODEDI viene da una lunga tradizione di processi autogestiti, partendo dall’esperienza del 2006 dell’insurrezione e della Comuna de Oaxaca e in qualche modo si è ispirato ai percorsi autonomi dell’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN), del CIDECI in Chiapas e degli altri popoli indigeni del CNI (Congresso Nazionale Indigeno). Con questa spinta, nel 2013, ha creato un Centro di Formazione nell’Ex Finca Alemania (Sierra Sur) dove i bambinx e le giovani delle proprie comunità e villaggi possono studiare e apprendere diverse arti e mestieri, attraverso un processo pedagogico empirico e autonomo. Questo modello libertario di “scuola viva” viene periodicamente trasferito a Salchi, dove si organizzano workshop per bambinx e adolescenti che vengono realizzati negli spazi di un grande e moderno hotel abusivo, costruito senza permesso alcuno a pochissimi metri dalla spiaggia e recuperato in un secondo momento da chi sta difendendo il territorio. Uno spaccato – totalmente surreale e affiascinante, tanto quanto “comprensibile” o difficilmente spiegabile a parole – delle tante anomalie o particolarità (o contraddizioni?) di un Messico, da sempre alle prese con forme di lotta altrove impensabili. 

Da dicembre 2025 ad esempio, ci sono stati vari incontri e workshop per l’infanzia realizzati a Playa Salchi, che hanno trattato temi quali la biologia marina, il cibo sano contro cibo spazzatura, la medicina naturale, la storia orale e offerto spazio a cantastorie. I workshop sono solitamente impartiti da collettivi solidali che si dedicano ai temi menzionati e sono diretti principalmente agli alunni e alunne dell’escuelita autónoma di Finca Alemania e all’infanzia in generale presente a Salchi. 

Proveniendo da esperienze, soprattutto urbane, di autogestione e di autonomia, i collettivi e le persone partecipanti alla Brigata Internazionalista, ritengono questa forma – l’autogestione collettiva degli spazi e delle terre – come uno degli elementi fondamentali e decisivi per la costruzione di altri mondi possibili. Infatti, come insegna la storia delle tante esperienze di lotta messicane, la creazione dell’autonomia e di forme autonome di vite, è un cammino da percorrere e da intensificare con determinazione e costanza come forme di gestione collettiva di corpi, menti e territori. 

In questo contesto e per creare quelle forme di lotta e di aggregazione per opporsi alle dinamiche di esproprio e di sacchegio dei territori, la proprosta del CODEDI diventa un elemento di costruzione e di opposizione fondamentale. 

La creazione di un futuro “Centro Comunitario di Formazione” dedicato all’infanzia e ai giovani, nelle stesse terre che il sistema capitalista sta cercando di sottrarre alle popolazioni locali, è una visione particolarmente insolente e combattiva, in un panorama globale sempre più accondiscendente e rinunciatario, che si posiziona chiaramente e che sceglie da che parte stare. 

Essenziale risulta quindi, da una parte, la volontà di intensificare e di dedicarsi a un lavoro di attenzione, di cura e di formazione specifico verso le giovani generazioni; e dall’altra mantenere la costruzione pratica e reale di alternative collettive autonome, per permettere di visualizzare e di realizzare laboratori effettivi di contropotere di fronte al capitalismo. Pratiche che proprongono al contempo delle forme/sacche di resistenza alla dominazione sempre più totalitaria del connubbio inscindibile capitale-mafia-stato. Situazione per la quale – vista anche la precarizzazione o l’assenza totale di uno sbocco lavorativo, di emancipazione e di autodeterminazione – tantissime persone, in particolari giovani, poveri e donne, negli ultimi anni, non hanno avuto altra opzione possibile se non aderire alla forza lavorativa precaria relegata alle maquilas, ai lavori sottopagati e sfruttati in Messico o negli Stati Uniti, alla prostituzione e alla vendita del proprio corpo o, in ultima istanza, arruolarsi come forza lavoro per la criminalità organizzata.

Riprendersi quindi un territorio, dove al tempo stesso autoprodurre il proprio nutrimento con la coltivazione di alimenti fondamentali che possono generare anche autosussistenza economica, diventa una forma di “barricata sociale, politica e culturale” fronte all’avanzare del sistema criminale/mafioso di Stato e dei principali interessi economici, privati o statali. Sistema che fa della guerra la sua dottrina e la sua imposizione del mondo e per cui lo sforzo in atto nel contrastarlo con pratiche collettive, autogestite e autonome diventa quindi non solo un NO alla privatizzazione-spoliazione ma anche un SÍ a un altro mondo possibile.

Conclusione: la turistificazione come strumento coloniale di spoliazione

Per l’anziano contadino Miguel Sánchez Hernández e gli abitanti di Playa Salchi e dintorni, l’agricoltura, così come la pesca nei fiumi e in mare, costituisce una delle attività principali e una fonte fondamentale di sostentamento per le famiglie. Queste pratiche economiche e tradizionali hanno subito grandi trasformazioni negli ultimi anni, a causa di una logica che vuole instaurare in questa regione lo “sviluppo” attraverso un turismo di massa e distruttivo e attraverso progetti di infrastrutture logistiche e stradali che collegano Oaxaca con Guerrero e Veracruz nell’ambito dei progetti accessori della grande opera del Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Ciò ha avuto un impatto negativo sulla forma della proprietà sociale e ha introdotto nella regione una visione mercantilistica della terra, fomentando il lavaggio di denaro e mettendola nelle mani di agenzie immobiliari e privati. 

Le grandi infrastrutture e i poli turistici – contraddicendo il discorso ufficiale e “progressista” del governo – si avventano sulle terre indigene come spietati progetti neocoloniali. Vere e proprie forme contemporanee di conquista contro un modo di vita di sussistenza, considerato primitivo, eccedente e inutile per il sistema capitalista.

La turistificazione massiva delle risorse naturali e particolarmente di territori specifici, non ci è decisamente nuova. Anche noi, come persone qui presenti con la Brigata Internazionalista, viviamo o abbiamo vissuto territori il cui sfruttamento legato alla privatizzazione di terre e di risorse (acque, boschi, foreste, montagne) ha generato immense quantità di soldi da riciclare e da sbiancare (l’emblematico caso dell’incendio divampato in un bar a Crans Montana, in Svizzera, gestito tra speculazione e riciclaggio, con la presenza di tutti gli attori, i fattori e le particolarità del caso, ne è un esempio indicativo) contribuendo in modo massiccio all’attuale devastazione sociale, culturale e territoriale in atto. 

Una tormenta planetaria che viene da lontano e che sta spazzando via ogni forma di vita non consona al capitale. Una forma di necropolitica o di capitalismo gore che non sa più cosa farsene dei corpi in eccesso, non produttivi e che non corrispondono ai dettami del sistema. E che al contempo sottrae le ricchezze e le risorse naturali alle comunità locali per metterle a valore nel proprio modello economico.

Una guerra che, storicamente nelle sue specifiche coloniali e di dominio, ha devastato interi territori e popolazioni, creando un contesto di dipendenza e di sfruttamento, all’origine dell’arricchimento, di una certa supremazia, del mal definito sviluppo e anche – non dimentichamolo – di certi “diritti” conquistati nel mondo occidentale, da sempre predatore e coloniale. 

“Il caso di Playa Salchi sintetizza una delle sfide fondamentali del nostro tempo: affrontare forme di criminalità che sono riuscite a mimetizzarsi perfettamente con le strutture legali e istituzionali. Non criminali che operano ai margini del sistema, ma con criminali che sono il sistema stesso”, riassume Kino Balu.

Spiaggia Salchi diventa dunque un paradigma di spoliazione coloniale, diffuso non solo in Messico ma in tante parti del pianeta, dove le terre ricche di diversità e di umanità dei cosidetti “sud del mondo” vengono strappate alle rispettive popolazioni, mercificate e rese iperproduttive allo scopo di intensificare un turismo aggressivo, ricco e “bianco”, a cui non importa nulla delle specificità delle comunità locali. Turismo per cui le risorse vengono privatizzate, il costo della vita subisce dei rincari insostenibili e i poveri vengono espulsi dai centri di interessi o sfruttati negli stessi, come mano d’opera a basso costo.

Una gentrificazione e una turistificazione, sia di massa che per le élite benestanti, che vede intere popolazioni, geografie e territori perdere memoria, dignità e possibilità di vita, relegandole ai margini dell’attuale sistema economico. 

Una dignità che, anche qui, ci insegnano si può recuperare con l’azione diretta nella resistenza, il ricongiungimento con la terra e la natura, con l’autogestione collettiva degli spazi e dei tempi.

Di fronte a questa macchina di espropriazione, le comunità della Sierra Sur e di Playa Salchi hanno sviluppato esempi di resistenza che vanno oltre la semplice difesa del territorio. La loro lotta mette in discussione il modello stesso di sviluppo che considera i territori come merce e le comunità come ostacoli al progresso. 

Qui, come altrove, la scelta della parte della barricata in cui stare, diventa precisa e l’opposizione al sistema-guerra si fa concreta e reale: nella  costruzione di un potere popolare autonomo, in reti di solidarietà territoriale che superano i confini imposti dallo Stato-nazione e in forme di organizzazione conflittuali e dirette, la cui legittimità non dipenda dalla mediazione istituzionale.

“La tierra no se vende, se ama y se defiende”
Brigata Internazionalista, Playa Salchi, Marzo 2026